Víctimas de la represión contra la marcha por el agua denunciaron ante el Congreso de Jalisco golpes, desnudamiento forzado y amenazas de desaparición. Los funcionarios responsables de la seguridad del estado sostuvieron que el operativo se apegó a protocolo, y ninguno identificó quién autorizó el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua.
Por: Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 5 de noviembre de 2026.- Personas detenidas durante la represión del 11 de octubre en Guadalajara contra la marcha por el agua limpia denunciaron este jueves, ante comisiones del Congreso de Jalisco, que fueron golpeadas, obligadas a desnudarse, incomunicadas y amenazadas con ser desaparecidas. Lo hicieron frente a los cuatro funcionarios responsables de la seguridad en el estado. Durante más de cuatro horas de comparecencia, ellos sostuvieron que el operativo se apegó al marco legal, pero ninguno informó quién ordenó usar gas lacrimógeno y chorros de agua contra las y los manifestantes ni quién autorizó retener a las personas detenidas en las inmediaciones de Casa Jalisco.
Mientras se desarrollaba la sesión, colectivos, familiares y personas que participaron en la marcha se concentraron desde las 11:30 horas frente al recinto legislativo, que estaba resguardado con vallas metálicas y elementos policiales. La convocatoria exigía “verdad, justicia y rendición de cuentas” para las víctimas. Durante la tarde, las y los asistentes sostuvieron un micrófono abierto en el que se sucedieron testimonios y denuncias.
Entre quienes hablaron estuvo Pilar, fotógrafa que el 11 de octubre documentaba la represión en las inmediaciones de Casa Jalisco. Relató que fue gaseada al menos en tres ocasiones y que después recibió en la frente “una pedrada más grande que mi puño”, que requirió seis puntadas en la Cruz Verde. Mostró la cámara que resultó dañada y aseguró que la agresión quedó registrada en video. Una mujer mayor de 60 años sostuvo durante el mitin un cartel con la frase de José María Morelos en los Sentimientos de la Nación: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.
Víctimas de la represión del 11 de octubre relatan golpes, desnudamiento y amenazas
Dentro del recinto, Daniela Álvarez, médica de profesión, dijo que acudió a la marcha por su preocupación ante los efectos del agua contaminada en la salud de la población, y que no pertenece a ningún partido político. Relató que fue “sometida con agua a presión, sujetada por cinco hombres encapuchados, golpeada, insultada y jalada del cabello”. Como consecuencia sufrió múltiples contusiones, un esguince cervical y una zona de alopecia por tracción.
“Mientras me llevaban a un cuarto dentro de Casa Jalisco, empecé a gritar mi nombre para que alguien supiera quién era. Tenía miedo de desaparecer”, declaró. Denunció que durante las horas que permaneció bajo custodia de autoridades que no se identificaron estuvo incomunicada, con frío, hambre y sed. Ya en la Fiscalía, según su relato, se les pidió desnudarse, se les presentaron documentos con horarios que no coincidían con lo ocurrido y el abogado de oficio los presionaba para firmar. “La misma Ministerio Público nos dijo que nuestras detenciones habían sido ilegales”, afirmó. “Denuncio una cadena de violencia institucional”.
Luis Antonio Palacios Vázquez, biólogo de 27 años, fue detenido junto con su pareja. Antes de hablar pidió que se proyectara el video de su detención. “Más de 10 policías encapuchados corrieron hacia mí y mi pareja. Nos tiraron al piso y comenzaron a golpearnos con sus macanas y a patearnos en todo el cuerpo, incluyendo la cabeza y la cara”, relató. Según su testimonio, lo ingresaron a Casa Jalisco por una entrada lateral, entre amenazas de que no volvería a ver a su familia. Su pareja, detenido alrededor de las 14:00 horas, fue trasladado al hospital hasta cerca de las 21:00. En la Fiscalía, dijo, lo obligaron a desnudarse y hacer sentadillas antes de ingresarlo a una celda. Acudió a la comparecencia con cuatro dientes astillados.
La diputada Candelaria Ochoa, de Morena, leyó el testimonio de otra mujer detenida: “Me agarraron a macanazos, me bajaron el pantalón y me arrastraron por todo el piso. Traigo fracturas en mis pies porque me quitaron los tenis y me empezaron a pisar”. La legisladora Mariana Casillas, del partido Futuro, señaló que uno de los detenidos perdió seis dientes a causa de la golpiza.
Funcionarios niegan haber dado la instrucción
A la comparecencia acudieron el secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid; el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, y el fiscal del estado, Salvador González de los Santos. La sesión fue convocada por las comisiones de Seguridad y Justicia y por la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas.
Arias Madrid, quien asumió el cargo después de los hechos tras la salida de Salvador Zamora, afirmó que “no hubo instrucción del gobierno del Estado para agredir o lesionar a quienes se manifestaban” y que, si se acreditan responsabilidades, habrá sanciones “sin encubrimientos, sin privilegios, pero también sin condenas anticipadas”.
Legisladoras y legisladores de todas las bancadas preguntaron quién ordenó el uso de agentes químicos y del vehículo de agua a presión. Alarcón Estrada respondió que no contaba con esa información, que su coordinación no tiene facultades operativas y que él no instruyó el uso de “el agua ni los gases”. Hernández González leyó el nivel cuatro del protocolo estatal, que permite el uso de “agentes químicos policiales” solo “en caso de que existan agresiones físicas contra el personal operativo o la ciudadanía en general”, y dijo que determinar si se cumplió ese supuesto forma parte de las investigaciones de Asuntos Internos. No identificó a quien autorizó escalar el uso de la fuerza.
El secretario de Seguridad informó que 17 elementos, entre ellos tres mandos, fueron separados de sus funciones operativas, y que los 237 agentes que participaron en el operativo comparecen ante Asuntos Internos. La diputada Ochoa le preguntó quién dio las órdenes a esos policías. No obtuvo respuesta.
La diputada Itzul Barrera, de Morena, cuestionó la versión oficial frente a las víctimas presentes: “¿Qué protocolo dice que le rompas los pies a alguien después de una manifestación?”.
Fiscal se niega a calificar los hechos como tortura
El fiscal González de los Santos aseguró que a las personas detenidas se les leyeron sus derechos, se les permitió hacer llamadas y se les asignó defensor, con presencia de la Vicefiscalía de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esa versión contrasta con lo que relataron las víctimas. Informó que de las 39 personas detenidas, 21 hombres y 18 mujeres, el Ministerio Público liberó a 32 y remitió a siete al juzgado de oralidad.
Cuestionado sobre si los hechos denunciados constituyen tortura, respondió: “No me atrevería en estos momentos a afirmar o negar, porque esto tiene que delimitarse”. También rechazó desistirse de los procesos abiertos contra manifestantes, porque, dijo, “sería injusto” para “las víctimas que fueron algunos policías”. Detalló que existen 14 carpetas de investigación en Visitaduría y una en la Vicefiscalía de Derechos Humanos y Tortura, y que se ha citado a cerca de 45 personas que denuncian agresiones de elementos de seguridad.
Luis Antonio Palacios le respondió: “Si no hay condenas anticipadas, ¿por qué nosotros tenemos carpetas abiertas? ¿Por qué mis compañeros están vinculados a proceso, mientras que en sus instituciones no hay ningún proceso iniciado?”.
Diez horas sin explicación
Las versiones sobre el lugar y la duración de la retención no coinciden. Las víctimas ubicaron su detención dentro de Casa Jalisco. Hernández González sostuvo que las personas fueron concentradas en un comedor del patio de maniobras del nuevo C5, entre Ricardo Palma, Montreal y Ontario. El diputado Tonatiuh Bravo mencionó un video en el que se observa al grupo antimotines salir de la residencia oficial, y preguntó si existe autorización para usarla como cuartel policial.
El fiscal afirmó que las personas detenidas llegaron a la Fiscalía alrededor de las 16:00 horas. La diputada Barrera citó registros según los cuales fueron presentadas a valoración médica a las 22:50 y su ingreso a la Fiscalía quedó asentado a las 23:40, cuando las detenciones ocurrieron hacia las 13:30. “¿Qué sucedió en esas 10 horas?”, preguntó. No hubo respuesta.
La diputada Tonantzin Cárdenas, presidenta de la Comisión Especial en materia de desaparición, recordó que la Ley General en la materia define como desaparición forzada la privación de la libertad por agentes del Estado seguida de la negativa a informar el paradero de la persona. Citó acciones urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que, según expuso, catalogan como desapariciones forzadas de corta duración las retenciones en Casa Jalisco. Ninguno de los funcionarios respondió a esa calificación.
Antecedentes de 2020 y la marcha del 18 de octubre
Varias legisladoras y legisladores vincularon los hechos con la represión del 4, 5 y 6 de junio de 2020 en Guadalajara, durante el gobierno de Enrique Alfaro, cuando el Ejecutivo atribuyó los abusos a una Fiscalía “infiltrada”. También cuestionaron que en la marcha del 18 de octubre la policía apenas interviniera mientras eran incendiadas las puertas del Supremo Tribunal de Justicia. “Un estado no puede oscilar entre el exceso y la ausencia”, sostuvo la diputada Alondra Fausto, del PRI.
En la ronda de participación ciudadana habló también Berta Alicia Flores Bocanegra, madre de un policía estatal. Dijo que su hijo está a punto de perder un segundo dedo por las agresiones que recibió durante la jornada y preguntó quién reparará ese daño.
Cuando Arias Madrid respondió a las víctimas con una referencia a los acuerdos con el gobierno federal sobre el abasto de agua, la diputada que moderaba la mesa lo interrumpió con una moción de orden y le pidió ceñirse al objeto de la comparecencia: las violaciones a derechos humanos.
Al cierre, el fiscal invitó a las víctimas a presentar sus denuncias y pidió su confianza. Daniela Álvarez le respondió que ya las había interpuesto y que no confía en las instituciones: “Fueron las mismas instituciones, el mismo Estado, quienes nos violó. No fueron policías en particular, como pareciera que se quiera hacer creer”.
Conforme al acuerdo legislativo, los funcionarios tienen cinco días hábiles para responder por escrito las preguntas que quedaron sin contestar o que respondieron de forma incompleta.
