Tras la localización de un pozo donde se exhumaron 119 bolsas con restos humanos y debido al incremento de las desapariciones en Jalisco, la Universidad de Guadalajara -a través del Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Desaparición de Personas- realizó un posicionamiento donde exige a autoridades locales y federales una real atención a la comisión de este delito de lesa humanidad, pero también un trabajo adecuado para la identificación de los cuerpos de personas fallecidas; en ambos casos, solicitaron la intervención de organismos internacionales.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
La Universidad de Guadalajara (UdeG) exigió al Gobierno de Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador a que realicen una autocrítica seria y abierta sobre su desempeño en el tema de desapariciones forzadas; así mismo la máxima casa de estudios en la identidad destacó que la violencia en México es mucho más grave de lo que se observa en los registros oficiales tanto locales como federales.
Lo anterior fue dado a conocer a través de un comunicado en respuesta al “terrible hallazgo de 119 bolsas con restos humanos” en pozo ubicado en la calle Durazno en la delegación La Primavera en el municipio de Zapopan, las cuales fueron localizadas tras una denuncia ciudadana. Su exhumación tardó más de 8 días y fue realizada por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y agentes de la Fiscalía General de Jalisco, el pasado 3 de septiembre de 2019.
Este hallazgo, donde se han identificado hasta ahora 44 personas, pero de éstas tan sólo 13 de ellas poseen su cuerpo completo podría convertirse en la fosa clandestina más grande descubierta hasta ahora en Jalisco y una de las más cuantiosas del país.
Al respecto, el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG, detalló que este hallazgo:
“evidencia que el problema de la inseguridad y la violencia es mucho más grave de lo que se observa en los registros oficiales lo que pone en entredicho la eficacia de las estrategias de seguridad seguidas hasta ahora y en particular las acciones de prevención y combate a la desaparición forzada”.
En el mismo tenor, denunciaron que Jalisco atraviesa una crisis forense desde hace años:
“Resultado de la incapacidad de sus instituciones y personal para actuar conforme a los principios y protocolos establecidos (…) No existe ninguna evidencia de que se haya superado el desastre institucional que propició el uso de tráiler refrigerantes este condenable hecho por cierto sigue sin ser aclarado y sin que se sancionan a sus verdaderos responsables”.
Respecto a las declaraciones de Macedonio Tamez, titular del Gabinete de Seguridad de Jalisco, los integrantes de este Comité reprobaron la criminalización de las víctimas realizada por el funcionario; sus señalamientos, argumentaron, carecen de fundamentos; además de ser insensibles e incongruentes para un funcionario público con el cargo que éste ostenta.
Por lo tanto, la UdeG hizo un llamado al gobierno estatal y federal para que realicen una investigación acorde a la magnitud de los hallazgos. Los puntos centrales de las acciones gubernamentales, de acuerdo al Comité, deberían centrarse en:
1.Actuación judicial expedita y acorde a la magnitud de los hallazgos. Los responsables deben ser pronto identificados, detenidos y sometidos a proceso. Se requiere una reacción ejemplar y contundente de la autoridad.
2.Implementación medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense, en la que intervengan organismos internacionales ante esta emergencia y para todos los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, investigación, atención a víctimas e identificación forense.
3.Coordinación eficaz entre los organismos públicos en la materia: Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, así como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
4. Acciones y plazos claros en la identificación de cuerpos de personas fallecidas donde se garantice el trato digno, la debida atención, el derecho a la información, transparencia, participación y rendición de cuentas a familiares de personas desaparecidas y la sociedad en su conjunto.
5. Publicitar la información sobre las características de los cuerpos recuperados de las fosas clandestinas, pues la experiencia nos dice que ha sido muy importante para el reconocimiento e identificación de personas.
Este es el primer comunicado público del Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Desaparición de Personas de la UdeG, desde que fue creado el pasado 29 de agosto de 2019.
