Ciudad de México, 30 de octubre de 2017
Desde la sociedad civil se ha pedido que la próxima persona elegida en la ALDF para ocupar la presidencia de la CDHDF reúna tres requisitos mínimos: a) independencia de la persona de los poderes públicos y políticos; b) #NoMásTratoSelectivo, esto es, el compromiso de eliminar la selectividad de trato en la atención a víctimas en la CDHDF, y c) conocimiento y experiencia probada en materia de DDHH. Los dos primeros conforman la base de la autonomía constitucional de la CDHDF y la protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos, mientras que el tercero además es necesario para poder llevar a buen término los retos institucionales de la CDHDF, así como su relación con las demás autoridades en el nuevo escenario institucional establecido en la nueva Constitución de la Ciudad de México.
1. Para lograr una #NuevaCDHDF, lo que falta es: primero, que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (CDH-ALDF), defina quién será la persona que se considerará como la idónea para encabezar la CDHDF; segundo, que el Pleno de la ALDF (es decir, los partidos políticos) decida(n) si ratifica(n) o no a la persona propuesta por la CDH-ALDF.
La CDH-ALDF ha tenido tropiezos, sin embargo, lo avanzado puede permitir que la decisión sobre la nueva presidencia de la CDHDF no sea tomada sólo con base en acuerdos políticos entre partidos, sino que deba abrirse al escrutinio público y realizarse con base en criterios objetivos. Esto ha sido fundamental porque cuando la decisión se toma sólo entre partidos políticos, los criterios objetivos se vuelven irrelevantes, dejando la decisión sólo al juego de las fuerzas que se disputan los espacios públicos y el erario.
2. La CDHDF necesita que trascender la valoración negativa de la gestión de Perla Gómez para poder ser una #NuevaCDHDF. Diversos grupos de sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, consejeras, exconsejeras y exconsejeros de la institución, e incluso trabajadores de esa institución (que lograron sobreponerse al miedo a las represalias), han señalado las grandes deficiencias y retrocesos en la CDHDF bajo la aún actual administración.
3. La descalificación como política institucional puede ser un sello de la gestión de Perla Gómez Gallardo. Ante las denuncias y críticas es recurrente que ella use argumentos ad hominem, esto es, no escuchar y atender a la crítica o denuncia, sino simplemente buscar quitarle validez en función de quién la realiza. Para ella, no importa el qué se dice, sino el quién lo dice.
a) Las víctimas. En torno a Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, activista ejecutado extrajudicialmente, cuyo caso está en conocimiento de la CDHDF, su madre, María de Lourdes Mejía, ha denunciado irregularidades en la investigación de esa institución. En respuesta, Perla Gómez Gallardo la ha revictimizado, al pretender reducir sus denuncias a una pretensión de obtener dinero por la muerte de su hijo (https://goo.gl/Hy6hUo). Perla Gómez Gallardo omite indolentemente reconocer que en la CDHDF han tratado de forzar a que la señora Lourdes acepte “conciliar” el caso, so pena de concluirlo si no accede; también omite recordar que insólitamente para una institución de derechos humanos, la señora Lourdes tuvo que hacer una protesta de 3 días afuera de la Comisión tan sólo para poder hablar con Perla Gómez, ya que ésta reiteradamente se había negado a dicha entrevista; también omite referir que en el expediente deberían estar integrados documentos por corresponder a minutas de reuniones que celebraron en la institución para la atención de su caso, y que en esos documentos consta que ya se había aceptado la realización de una recomendación por las violaciones de derechos humanos cometidas. La lista en este caso podría ser mucho más larga. En cualquier caso, para la actual presidenta, todo se reduce a descalificar a la persona que la critica.
b) La sociedad civil. Frente a las críticas de la sociedad civil, Perla Gómez ha buscado reducir las situaciones criticadas en comunicados y pronunciamientos a intereses particulares derivados de que entre quienes critican existan personas que hayan buscado o deseen dirigir a la CDHDF. No importan los argumentos vertidos (por ejemplo: La CDHDF que queremos, https://goo.gl/2Q5eUt), todo se limita a descalificar a personas u organizaciones específicas (https://goo.gl/ksf9Hn).
c) El personal de la CDHDF. Las trabajadoras y trabajadores de la institución difícilmente se pronuncian públicamente respecto de algún problema interno; en la actual administración el temor a represalias ha hecho esto más difícil. Sin embargo, han existido tres pronunciamientos públicos: dos anónimos y uno en que finalmente varias personas decidieron a firmar (https://goo.gl/KkRdDK) para tratar de evitar la reelección de la actual presidenta. Para ese fin, este último documento fue presentado a la CDH-ALDF como opinión señalando irregularidades y situaciones violatorias de derechos humanos ocurridas en la administración de Perla Gómez Gallardo, derivadas, entre otras cosas, de favorecer en las investigaciones a las autoridades en contra de los derechos de las víctimas.
Frente a ello, nuevamente la descalificación. Perla Gómez pretendió invalidar las denuncias diciendo provienen de un “grupo muy pequeño” de trabajadores, como señaló en su entrevista ante la ALDF para reelegirse. Habría que considerar que aunque fuera una sola persona, o incluso un anónimo, por la gravedad de las mismas denuncias debería rendir cuentas.
d) El Consejo de la CDHDF. Consejeras, exconsejeras y exconsejeros de la CDHDF (Elena Azaola, Santiago Corcuera, Denise Dresser, José Woldenberg, Ernesto Lopez Portillo o Miguel Concha, entre otras personas) realizaron una carta pública (https://goo.gl/6akwLg), dirigida a los diputados Leonel Luna y Luciano Jimeno, presidentes de la Comisión de Gobierno y de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, respectivamente, en la que exponían situaciones irregulares en la CDHDF. Esta carta nuevamente fue descalificada por Perla Gómez porque en ella había una persona firmante que se candidateó para ocupar la presidencia de la CDHDF.
Bajo la lógica con que ha actuado Perla Gómez, los derechos humanos no son lo importante, sino quién los reclama. Proceder de esta forma excluye del goce de los derechos a quien no sea validado previamente en su persona, a pesar de que los derechos humanos no piden de las personas un requisito previo para que los puedan gozar, puesto que se gozan por el simple hecho de ser un ser humano.
4. En el colmo, habría que señalar que partir de la descalificación ante una denuncia es además contrario a la propia ley de la CDHDF, la cual establece el principio de buena fe en su artículo 5º. Conforme a éste es necesario actuar de manera inmediata ante una denuncia de violación de derechos humanos, atendiéndola en los términos en que ésta se formule, pues en la investigación se verificará si efectivamente se violaban estos derechos. Sin embargo, incluso al interior de la institución se ha procedido de otra forma, como lo muestra el caso de Carolina Hernández, una extrabajadora de la institución.
El viernes 24 de julio de 2015, derivado del uso selectivo de las recomendaciones, se generó un conflicto entre esta trabajadora y la entonces Quinta Visitadora General, Patricia Juan Pineda. Ésta informó a la trabajadora que se había excluido de una recomendación un caso que ya había sido investigado por la Carolina, y que esa exclusión era por instrucciones de la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez.
A partir de ello, se generó una confrontación y luego el hostigamiento laboral en contra de la trabajadora, que concluyó con que la visitadora general acompañada por el entonces Director General Jurídico, Alejandro Ferrel, persiguieran a la trabajadora con policía de la CDHDF para detenerla en un Seven Eleven, situado a un lado de la Comisión. Ante este tipo de acciones, los trabajadores reaccionaron, por lo que las autoridades de Comisión en ese momento la reingresaron a la institución, donde se le retuvo. Esto generó una mayor movilización que llegó a las redes sociales. La posición institucional de la CDHDF se manifestó entonces mediante el tuit más vergonzante en la historia de la institución (https://goo.gl/sE2ZeC).
Posteriormente, la movilización de los trabajadores crecería, el problema llegaría a los medios de comunicación, convirtiéndose en un problema de interés público, por lo que Perla Gómez se vería obligada a comprometer una investigación del caso, además de la conclusión del protocolo sobre acoso laboral al interior de la institución. Aún así, el tema no bajaría de los medios de comunicación sino hasta suceder el caso Narvarte (momento en que desde la CDHDF se emitieron de manera constante comunicados sobre el tema que diluyeron la atención sobre lo que ocurría dentro de la propia institución).
Al final, en la CDHDF no se concluyó ninguna investigación sobre los actos en contra de Carolina Hernández, e incluso se le intimidó con la pretensión de que ella desmovilizara a los trabajadores que exigían respuestas reales por su caso y para evitar que se repitieran ese tipo de hechos. Por la presión de titulares de la Comisión, Carolina se vio en la necesidad de salir de la institución mediante licencia, y un año después, cuando pretendía regresar decidió renunciar dado que se estaba dando otro caso laboral al interior de la institución.
Asimismo, Perla Gómez retardó sacar el protocolo de acoso laboral sino hasta el año de su posible reelección, ocasión en que lo presentó como un logro de su administración, señalándolo así en su comparecencia en la ALDF para pedir su reelección: “A propuesta de mi Presidencia y después de 20 años sin contar con un instrumento así, por unanimidad del consejo se aprobó y publicó el protocolo para atender casos de hostigamiento y acoso laboral y sexual” (https://goo.gl/uFQ1rJ).
Y, respecto de Carolina Hernández, recurriría nuevamente a la descalificación (https://goo.gl/ho9Q8x), diciendo además que para ella “no es caso”. Así, tanto hacia el exterior como hacia el interior, su política ha sido la misma: descalificar y no investigar.
5. Por otro lado, el trato selectivo de los casos ha sido favorecido en la gestión de Perla Gómez en la CDHDF como en ninguna otra. Frente a la exigencia de #NoMásTratoSelectivo en la institución, ella incluso ha señalado que no quiere “quemar las recomendaciones”, mientras simultáneamente considera que las víctimas no deben abusar en sus exigencias, y el personal de la propia CDHDF ha denunciado que en la institución se han estado forzando la conclusión de los casos, lo cual además ha sido observable estadísticamente (información que incluso se presentó ante la CDH-ALDF: https://goo.gl/8YVFMj)
6. Las únicas personas que han resultado “beneficiadas” por la política de esta administración han sido las autoridades denunciadas ante la CDHDF de haber cometido violaciones de derechos humanos. Por ello, la preocupación de que el gobierno Miguel Ángel Mancera o los grupos parlamentarios en la ALDF favorezcan la reelección de Perla Gómez, o busquen colocar en su lugar a una persona con un perfil similar, es real y ha generado una amplia movilización, tanto al interior como al exterior de la CDHDF.
En particular, han preocupado las posiciones de los grupos parlamentarios del PRD y del PAN, puesto que una vez que la decisión de la CDH-ALDF pase al pleno se necesitarán 44 votos para la elección de la nueva persona que será titular de la CDHDF, y esos partidos no han dado muestras claras de compromiso para renovar la institución. La #NuevaCDHDF no será posible si estos partidos bloquean una designación hecha bajo los mínimos criterios de: a) independencia, b) #NoMásTratoSelectivo y c) conocimiento y experiencia probada en materia de derechos humanos.
7) Debemos permanecer alertas ante lo que suceda, dado que será trascendental para la Ciudad. Tanto porque las víctimas de violaciones de derechos humanos necesitan que las autoridades reparen el daño generado por esas violaciones, como porque la nueva Constitución de la Ciudad de México no será posible si existe un bloqueo a una #NuevaCDHDF por parte de los partidos políticos o del gobierno de la Ciudad. La Ciudad necesita ya a su institución de derechos humanos funcionando plenamente; los partidos políticos deberán asumir el costo en caso de no permitirlo.
