El libro “Los condenados del subsuelo”, presentado en la UNAM, demuestra con datos oficiales que los municipios con mayor producción de oro, plata y cobre presentan niveles de pobreza superiores a la media nacional.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 19 de febrero 2026.- En el Auditorio del Edificio Atlántida Coll del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, se presentó el libro Los condenados del subsuelo. Pobreza en los municipios mineros de México, una investigación que desmonta uno de los principales argumentos de la industria extractiva: que la minería genera desarrollo y bienestar en los territorios donde opera.
El estudio, elaborado por la Mtra. Beatriz Olivera y el Dr. Isidro Téllez, documenta, con base en datos oficiales, que los municipios con mayor producción de oro, plata y cobre presentan niveles de pobreza superiores a la media nacional. La investigación fue impulsada con el acompañamiento de la Fundación Heinrich Böll, organización que desde 2013 trabaja el cruce entre derechos humanos y justicia socioambiental.
De acuerdo con los autores, México concentra su producción minera en tres metales —oro, plata y cobre— que representan aproximadamente el 75% del valor total del sector. Sin embargo, en los territorios donde se extrae esa riqueza, las condiciones de vida no mejoran de forma sustantiva.
El libro analiza 80 municipios productores de oro, 96 de plata y 35 de cobre, focalizando en los principales centros extractivos. Los hallazgos revelan un patrón persistente:
- En Fresnillo, considerado el mayor centro platero del mundo, más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza.
- En Mazapil, donde opera la mina Peñasquito, 44% de la población enfrenta carencias sociales.
- En Eduardo Neri, municipio clave en producción de oro, alrededor del 65% de la población se encuentra en situación de pobreza.
- En Guadalupe y Calvo, uno de los principales productores de plata, los índices de pobreza extrema se mantienen entre los más altos del país.
“El discurso del desarrollo no se sostiene frente a los datos”, subrayó Olivera durante la presentación. La investigación cruza indicadores de pobreza, marginación, acceso a servicios básicos e Índice de Desarrollo Humano con volúmenes de extracción y valor de producción minera.
La actividad extractiva no se traduce en mejoras claras ni permanentes en las condiciones de vida de las comunidades.
Uno de los momentos más significativos del foro fue la participación de Roberto de la Rosa, campesino y defensor del territorio de la comunidad de Salaverna, en Zacatecas, desplazada para la expansión de un proyecto minero de Grupo Frisco.
De la Rosa relató cómo la comunidad fue desalojada tras detonaciones que provocaron hundimientos y daños estructurales en viviendas. Posteriormente, en diciembre de 2016, fuerzas de seguridad ingresaron con maquinaria pesada para demoler casas, la escuela y la iglesia del poblado.
“La minería no es desarrollo, es depredación, enfermedad y miseria para nuestros pueblos”, afirmó. Las familias reubicadas recibieron viviendas en comodato, sin certeza jurídica plena sobre la propiedad.
El caso de Salaverna evidencia —según los autores— cómo la política minera ha operado históricamente bajo esquemas que privilegian la concesión sobre el derecho a la tierra, al agua y a la consulta.
Durante el foro, la discusión se amplió hacia el contexto actual de la llamada “transición energética”. Las investigadoras alertaron sobre el riesgo de que el discurso de los “minerales críticos” —cobre, litio, plata— reactive un nuevo ciclo de extractivismo bajo la narrativa de energías limpias.
Si bien la minería es indispensable para múltiples tecnologías —desde dispositivos electrónicos hasta infraestructura energética—, el problema radica en su modelo de operación: intensivo en capital, con baja generación de empleo local y alta concentración de ganancias en pocas corporaciones.
En palabras de Téllez, se trata de un “desarrollo geográfico desigual”: la riqueza fluye hacia empresas y mercados globales, mientras los costos sociales y ambientales permanecen en los territorios.
La discusión también abordó los cambios a la Ley de Minería aprobados en 2023, que introdujeron restricciones a concesiones en áreas naturales protegidas y establecieron la obligación de consulta previa. Sin embargo, persisten tensiones en torno a su reglamentación y a posibles modificaciones en el marco de acuerdos internacionales sobre minerales estratégicos.
El libro advierte que, sin una reforma fiscal efectiva y mecanismos robustos de redistribución, la minería continuará profundizando la desigualdad estructural.
La presentación coincidió con la conmemoración de los 20 años de la tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, donde 65 mineros quedaron atrapados tras una explosión en una mina de carbón en Coahuila. El recordatorio subrayó que la precariedad laboral y la impunidad forman parte de la historia reciente del sector.
Los condenados del subsuelo no es, como enfatizaron sus autores, un texto panfletario. Es una investigación sustentada en datos oficiales que interpela la narrativa dominante sobre desarrollo y crecimiento.
En un contexto donde el Estado mexicano apuesta por la explotación de minerales críticos, la obra plantea una pregunta incómoda pero urgente: ¿quiénes se benefician realmente de la riqueza del subsuelo y quiénes cargan con sus costos?
La respuesta, según los datos presentados en la UNAM, sigue inclinándose hacia una concentración de ganancias y una persistencia de pobreza en los territorios mineros.
