El Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 135 eventos de agresión y un incremento del 61% en ataques contra mujeres defensoras, señalando al Estado como el principal agente perpetrador.
Por Alan Hernández / @alandjhm
Ciudad de México, 18 de abril de 2026.- En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el pasado 16 de abril se presentaron los hallazgos del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2025. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reportó que durante el último año la situación para quienes protegen el patrimonio natural se consolidó como una actividad de alto riesgo, contabilizando 135 eventos de agresión que derivaron en 314 agresiones específicas.
Estas cifras posicionan al 2025 como el segundo año más violento para el sector desde que se inició este registro en 2015, superado únicamente por el 2022. El análisis destaca una transformación en las tácticas de agresión, con un auge significativo de la violencia en el entorno digital. La estigmatización encabezó la lista con un 28% de los casos, seguida por la intimidación (13%) e incidentes de difamación (11%).
Gustavo Alanís, director ejecutivo de CEMDA, señaló durante la presentación la vulnerabilidad en la que se encuentra el país frente a otras naciones: “México es el tercer país más riesgoso para ejercer la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y del territorio en la región de las Américas, solo después de Brasil y Colombia”. Asimismo, enfatizó que la falta de castigos fomenta la repetición de estos actos: “Necesitamos desterrar la impunidad que está siendo el campeón aquí, porque de los casos que tenemos documentados el 90 o 95% no tienen justicia”.
En cuanto a las agresiones letales, el informe reportó el asesinato de 10 defensores ambientales y la desaparición de tres personas. Jalisco se identificó como el estado con mayor letalidad, concentrando tres de los diez homicidios. No obstante, la Ciudad de México registró el mayor número total de eventos de agresión con 39 casos, seguida por Puebla con 20 y Oaxaca con 17.
Un hallazgo crítico es el incremento de la violencia dirigida hacia las mujeres. En 2025, 89 víctimas fueron mujeres, lo que representa un aumento del 61% respecto al año anterior. Este grupo enfrenta agresiones diferenciadas que incluyen hostigamiento, amenazas y violencia de género. Respecto a la labor de estos colectivos, Alanís aclaró: “Lo que los ecologistas hacen es proteger, cuidar y conservar, pero lo hacen con base en la ciencia y en datos técnicos; no es oponerse sistemáticamente por oponerse”.
El informe señala directamente al Estado mexicano como el principal agente agresor, involucrando a policías estatales, municipales y fuerzas federales como la Guardia Nacional y la Sedena en 76 de los eventos documentados. Por su parte, la postura oficial del Gobierno Federal, a través del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, sostiene que se mantienen canales abiertos para atender casos en distintas regiones del país, aunque organizaciones civiles denuncian que estas acciones resultan insuficientes.
Al finalizar, CEMDA exigió la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú y el fortalecimiento del mecanismo de protección. “México tiene una obligación de prevenir, investigar y sancionar, pero no sucede; aquí nadie previene, nadie investiga y nadie sanciona”, concluyó Alanís.
El informe del CEMDA se nutre de monitoreo de prensa y testimonios directos de víctimas. Se presenta en un marco de casi cinco años desde la firma del Acuerdo de Escazú por parte de México, tratado internacional que obliga al Estado a garantizar entornos seguros para la defensa ambiental. La criminalización persiste como una herramienta de control, afectando al 33% de las víctimas totales mediante el uso de procesos legales para frenar la labor de defensa del territorio.
