A muchos nos paralizó la noticia del asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera y las chicas que estaban con ellos ese viernes 31 de julio del 2015. Sentimos mucho dolor y desconcierto porque los conocíamos y sabíamos sobre la labor de denuncia que habían realizado contra el gobierno que encabeza Javier Duarte en Veracruz. Además de dolor sentimos ira porque vinculamos inmediatamente el móvil del crimen a Duarte, a su policía y el desastre que han ocasionado al estado incluyendo la muerte de otros 18 periodistas. Nos sentimos además vulnerables porque el crimen fue perpetrado en una delegación central de la ciudad de México, con lo que se vino abajo el imaginario de un blindaje que podían alcanzar en la capital los periodistas y otros actores sociales puestos en listas negras. En los días posteriores al crimen, el desconcierto y el enojo fueron en aumento por las primeras declaraciones que hizo del caso Rodolfo Ríos, Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). De un plumazo, con una declaración en la que criminalizaba a las víctimas, regresó en el tiempo a la ciudad de México a los años 80 al dejar de lado de la forma más irresponsable y cínica, el avance que tuvo la ciudad desde 1997 en materia de reconocimiento de derechos y otros temas por los que la capital era considerada “la entidad más progresista del país”.
El hecho de que una de las chicas que estaban en el departamento fuera de Colombia –Mile Virgina Martín-, les pareció a Ríos y a Miguel Ángel Mancera un buen motivo para hacer una primera explicación del crimen al estilo de guión de telenovela de Televisa y TV Azteca; decir que el móvil del crimen fue “un asunto de drogas por una colombiana que se encontraba en el departamento de la colonia Narvarte”, fue una burla al sentido común de todos y más de los que habitamos en esta ciudad, a la memoria de los que seguimos lo acontecido en la administración Duarte en Veracruz, y confirmó la subordinación de Miguel Angel Mancera el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto quien ha encubierto en todo a su gobernador cacique y megalómano.
Con el régimen -de seguridad y “desarrollo”- que padecemos hoy en México y que implica la militarización de los territorios, la privatización y desregulación económica, el despojo de tierras en favor de megaproyectos y, la violación sistemática de derechos humanos, el recurso que ha utilizado el gobierno para encarar el reclamo social ha sido la criminalización de las víctimas; así lo han hecho con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con Rubén y Nadia, y ahora con los maestros de la CNTE que reclaman por la abrogación de la reforma educativa. En la narrativa de la delincuencia organizada como un ente externo y enemigo de la sociedad, cuando el agresor a un grupo disidente o a un comunicador es alguna autoridad, un patrón ha sido relacionar la agresión con “el narcotráfico” y de este modo eximir a los responsables criminalizando a las víctimas.
Desde el año 2006 en que Felipe Calderón metió al país de manera aberrante a la política de seguridad de Estados Unidos en materia de narcotráfico, y con la vuelta del PRI y su imposición de un modelo privatizador y entreguista de los recursos nacionales al gran capital, el ejercicio del periodismo crítico e independiente se ha vuelto una actividad de alto riesgo en todo el territorio nacional. Hoy el pacto de impunidad entre la clase política es de tal nivel, que figuras involucradas en actos de corrupción como Enrique Peña Nieto en el caso de la Casa Blanca, no sólo han influido en el cese de comunicadores reconocidos como Cármen Aristegui, sino que además los demandan como una forma de dar un castigo ejemplar a quien se atreve a meterse con ellos.
En un evento de esta semana organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Somoselmedio con motivo del primer aniversario de los crímenes de Rubén y Nadia, Luis Knapp de Artículo 19 expresó que en México hay instancias avocadas a la protección a periodistas como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), pero que son como “un elefante blanco debido a que son indolentes como lo es la fiscalía que se ha negado a atraer varios casos de periodistas agredidos”. Knapp mencionó también que “en el año 2015 se registraron 297 agresiones y 7 asesinatos a periodistas, y en lo que va del 2016 han acontecido ya 8 asesinatos”. Por su parte, Alma Espinosa -hermana de Rubén-, comentó que a un año de lo acontecido en la colonia Narvarte, “el procurador Rodolfo Ríos continúa diciendo que las líneas de la investigación continúan abiertas, lo que a ella y a su familia no les dice nada, lo que ellos demandan es lo contrario, que finalmente se pueda cerrar alguna línea que ofrezca la verdad de los hechos.
Siempre recordaremos a Nadia Vera y a Rubén Espinosa.
