Más de 19 comunidades de Cacahuatepec marcharon y se reunieron en asamblea para exigir justicia. El órgano investigador detuvo y liberó a un presunto autor material sin explicación; los familiares denuncian obstrucción deliberada.
Por Redacción / @Somoselmedio
Guerrero, 25 de abril de 2026.- Un año después del asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor del territorio y fundador del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha ejecutado ninguna orden de aprehensión contra los responsables. Las comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec lo saben y no están dispuestas a esperar más.
Este 25 de abril, más de 19 comunidades se congregaron en El Fraile —la ramada de horcones donde el CECOP celebra sus asambleas dominicales— para rezar, recordar y exigir. Al fondo, las aguas del río Papagayo seguían corriendo, ajenas a la impunidad que pesa sobre la orilla.
El día anterior, 24 de abril, organizaciones sociales acompañaron a la familia Suástegui en una marcha desde el centro de Chilpancingo hasta las instalaciones de la Fiscalía estatal. Los comuneros hicieron sonar sus machetes frente al edificio. Exigieron una reunión con el Fiscal. Tres horas después, un funcionario de segundo rango los recibió y asumió el compromiso de dar resultados. No fue suficiente.
Los hechos que rodean la muerte de Suástegui señalan desde el principio una omisión estatal difícil de atribuir a la casualidad. El 18 de abril de 2025, Viernes Santo, Marco Antonio fue agredido a balazos al salir de la playa Icacos en Acapulco. Ese día, más de cuatro mil elementos de la Guardia Nacional estaban desplegados en el puerto. Ninguno acudió a auxiliarlo.
Desde entonces, la Fiscalía ha ofrecido versiones contradictorias a los familiares y a sus representantes legales. En un momento informó que el presunto autor material había sido detenido por un delito distinto y solicitó la verificación de una carpeta de investigación relacionada. La respuesta fue afirmativa. Sin embargo, el detenido fue puesto en libertad. Posteriormente, la Fiscalía negó que esa detención hubiera ocurrido.
Las organizaciones firmantes del comunicado conjunto —entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, las Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”— califican este patrón como obstrucción deliberada: un manejo opaco de la información diseñado para desgastar a las víctimas, no para acercarlas a la verdad.
“El tiempo corre en sentido contrario para que los familiares sepan la verdad”, señala el comunicado. “Este aplazamiento queda claro que es para favorecer a los que cometieron el crimen.”
Quién era Marco Antonio Suástegui
Abel Barrera, director de Tlachinollan, lo describió en el mitin de este viernes con una imagen precisa: era hijo de campesino, se formó sembrando maíz y cuidando limones, estudió arquitectura y pudo haberse alejado de la tierra. No lo hizo. “Se quitó los zapatos y se puso los huaraches y el sombrero.”
Suástegui fundó el CECOP en respuesta al proyecto hidroeléctrico La Parota, impulsado durante el sexenio de Vicente Fox por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El proyecto implicaba la inundación de miles de hectáreas de tierras comunales en la cuenca del río Papagayo. Durante más de dos décadas, el CECOP resistió: con plantones, con asambleas, con litigios y con la presencia física de las comunidades en el territorio.
Doña Rocío, tía de Marco y hoy con 75 años, recordó en el mitin de este viernes que en 2003, cuando la CFE comenzó a comprar parcelas individuales para fragmentar la oposición colectiva, fue Suástegui quien se puso al frente. “Jamás se vendió y nunca se rajó”, dijo. Recordó también los ayunos en el plantón, el frío, la determinación.
Las mujeres de Cacahuatepec lloraron este viernes, pero no callaron. “Nos mataron al hombre grande, el que no tenía miedo”, dijeron. Y luego: “Piensan que mataron al perro grande, pero la rabia queda.”
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento dirigieron sus señalamientos directamente al gobierno estatal de la llamada Cuarta Transformación. El texto no hace distingos entre administraciones: “el gobierno de la cuarta transformación sigue heredando esas prácticas nefastas del cacicazgo vetusto de proteger a los asesinos.”
La exigencia de la familia es que la Fiscalía ejecute las órdenes de aprehensión existentes, que el gobernador se pronuncie del lado de las víctimas, y que cese lo que las organizaciones denominan “simulación institucional”.
A las 13 horas de este viernes, los integrantes del CECOP cruzaron el río Papagayo para dejar una ofrenda floral en la tumba de Suástegui. Flores, veladoras y copal. El mensaje fue de unidad. La presa La Parota no se construirá. La lucha continúa.
