La comunidad indígena wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán marchó hacia la Comisión Estatal Indígena en Jalisco para exigir justicia por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, medidas de seguridad urgentes y el reconocimiento pleno como pueblo originario ante el aumento de agresiones y despojo territorial.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco, 10 de diciembre 2025.- Organizaciones, activistas y una comisión de autoridades de la comunidad indígena wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán marcharon este martes hacia la Comisión Estatal Indígena (CEI) en el marco de las Jornadas por la Vida de Azqueltán, para exigir justicia, alto a las agresiones y garantías para defender su territorio ancestral.
“Esta actividad se enmarca dentro de la Jornada por la Vida por Azqueltán organizada por el CNI, con eventos simultáneos también en Ciudad de México”, señalaron durante la movilización. Recordaron que el pasado 26 de noviembre fue asesinado Marcos Aguilar Rojas, representante agrario de la comunidad, y su hermano Gabriel Aguilar resultó gravemente herido. “Estas agresiones no pueden seguir siendo minimizadas. No es un conflicto entre particulares”, afirmaron.
Las y los representantes insistieron en que los ataques se inscriben en un patrón sistemático de violencia y despojo, sostenido por caciques locales y favorecido por la inacción institucional. “Hoy exigimos que estas agresiones no queden en impunidad. Ya hemos vivido desapariciones, intentos de homicidio y constantes amenazas que han quedado sin castigo por el contubernio entre la Fiscalía y el Poder Judicial”, denunciaron frente a la sede de la CEI.
Fortino Domínguez Rueda, integrante de la coordinación del Congreso Nacional Indígena (CNI), leyó el documento entregado al titular de la CEI, Camerino Sánchez Carrillo. “Nos dirigimos a esta institución para expresar nuestra profunda preocupación por la situación de violencia, despojo e impunidad que enfrentamos. Solicitamos su intervención urgente dentro del ámbito de sus facultades”, señaló.
El escrito reafirma que las agresiones recientes y pasadas han sido perpetradas por actores de la región, entre ellos Manuel y Esteban Aguilar Herrera, quienes “han operado con protección institucional y con un nivel de impunidad que pone en riesgo la vida y la continuidad histórica de nuestro pueblo”. La comunidad denunció también la participación irregular de elementos de la Fiscalía de Jalisco, quienes han obstruido diligencias y favorecido a los agresores.
“El asesinato de nuestro compañero Marcos es la culminación de una estrategia permanente de despojo. Actuaron amparados por la impunidad sistemática que opera en Villa Guerrero y Colotlán”, se lee en el documento.
La comunidad reiteró que es un pueblo indígena preexistente con arraigo territorial documentado desde tiempos precoloniales, pero que la CEI ha mantenido su registro como pueblo migrante, debilitando sus derechos. “Solicitamos el reconocimiento pleno como pueblo originario del Estado de Jalisco”,demandaron.
Entre las exigencias planteadas destacan tres puntos: detener la impunidad institucional, reconocer legalmente a la comunidad como pueblo originario y gestionar medidas urgentes de seguridad ante el riesgo extraordinario que enfrentan. “Nuestra comunidad vive bajo un estado de alerta permanente. Los agresores continúan impunes y vinculados a redes caciquiles que buscan forzarnos a abandonar nuestras tierras”, advirtieron.
La comisión recordó que el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en la protección de la vida de la comunidad. “Si una vida más es arrebatada o lesionada, será responsabilidad del Estado”, afirmaron.
El documento fue entregado oficialmente a la CEI, quedando firmado de recibido. “La Comisión Estatal Indígena tiene, en este momento, la encomienda de ser el puente hacia las instituciones competentes para garantizar justicia y detener el exterminio territorial y cultural contra nuestro pueblo”, concluyeron.
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