Entrevista con integrantes de Pueblos Unidos que tomaron la embotelladora Bonafont en el municipio de Juan C Bonilla, Puebla.
Texto y Fotografía: Karen Castillo /...
Por Redacción/@Somoselmedio
El día de ayer, 5 de Agosto, trabajadores y directivos de la empresa Bonafont protestaron fuera de Casa Aguayo, Puebla exigiendo se reanuden...
Reconocimiento por parte del gobierno y justicia para víctimas del crimen organizado son algunas exigencias que se presentan en la lista petitoria.
Rodrigo Piña
En medio...
Texto: Karen Castillo/ @karencitatacha
Los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes, que mantienen cerrada la empresa Bonafont desde el 22 de...
Texto y Fotografía: Karen Castillo / @karencitatacha
La comunidad de Santa María Zacatepec se ha vuelto el centro de la atención a nivel nacional debido...
La comunidad tsotsil de Tzajalchen, municipio de Chenalhó, Chiapas, conmemoró medio siglo de existencia con un llamado ecuménico por la paz, denunciando la persistente violencia en Chiapas y la falta de voluntad del Estado. Desde su Campamento Civil por la Paz —creado en 1994— exigen justicia y solidaridad internacional.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.