La Alianza de Barrios de Culhuacán denuncia que un grupo de invasores ingresaron a su predio el “enmallado” que se ubica en Av. Santa Ana esquina Av. Canal Nacional, alegando tener permiso del alcalde de Coyoacán, por medio de un contrato de compraventa o arrendamiento
Por Catherine Nava / fotografía cortesía Alianza de Barrios Culhuacán
Ciudad de México, 26 de mayo de 2026.— Los pueblos y barrios originarios de Culhuacán cerraron este martes de forma total e indefinida la Avenida Santa Ana, en la alcaldía Coyoacán, como inicio de una serie de movilizaciones para exigir solución a una deuda histórica del gobierno capitalino: la restitución de tierras ejidales expropiadas hace más de seis décadas cuyos decretos nunca se ejecutaron.
El cierre es la respuesta inmediata a un hecho nuevo: un grupo de personas ingresó sin consentimiento al predio conocido como el “enmallado”, ubicado en Av. Santa Ana equina con Av. Canal Nacional, alegando contar con un contrato de compraventa o arrendamiento otorgado por el alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, según denunciaron integrantes de la Alianza de Barrios de Culhuacán.
El problema de fondo tiene fecha de origen. Ángel Flores Molina, representante y comisario ejidal de Tomatlán, sitúa el inicio del despojo en la década de 1960, cuando funcionarios ligados a Gustavo Díaz Ordaz impulsaron la expropiación de 700 hectáreas pertenecientes a cinco núcleos ejidales de Culhuacán. Según la comunidad, los decretos expropiatorios nunca fueron ejecutados ni finiquitados, y las tierras quedaron atrapadas en décadas de corrupción e impunidad.
Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el conflicto tuvo un episodio de violencia directa. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) y el gobierno de la ciudad despojaron a ejidatarios de un terreno de 9,300 metros cuadrados bajo el argumento de que era propiedad gubernamental. La comunidad recuperó el predio mediante amparos, pero denuncia que desde entonces un grupo de invasores ha permanecido en él con la anuencia de las autoridades.
El momento más grave de ese ciclo ocurrió el 21 de diciembre de 2017, cuando elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y personal de la delegación de Iztapalapa desalojaron por la fuerza a los pobladores del predio destinado al Panteón Comunitario Chinampa de Culhuacán. La comunidad denunció golpes y violencia. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) documentó el caso y emitió la Recomendación 10/2018, en la que un peritaje con reconocimiento oficial de la entonces PGR acreditó que las personas afectadas son integrantes del Pueblo Originario de Culhuacán, comunidad heredera de la tradición indígena de habla náhuatl de la Cuenca de México.
El operativo de 2017 fue impulsado por la entonces jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, quien ignoró los decretos expropiatorios emitidos durante la administración de Marcelo Ebrard —que reconocían a la comunidad como beneficiaria del predio— y emprendió un litigio para transferirle el terreno a la alcaldía. Los ejidatarios sostienen que Anguiano actuó en represalia porque la comunidad no cedió a exigencias vinculadas a intereses políticos. La reparación de daños y el castigo a la exfuncionaria figuran entre las demandas actuales de la Alianza.
Hoy, la disputa más inmediata es el “enmallado”. Ejidatarios y ejidatarias afirman haber presentado ante diversas instancias —la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, las alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán— planos y escrituras certificadas que acreditan su propiedad sobre los terrenos que colindan con la Av.Canal Nacional. La respuesta institucional ha sido sistemáticamente la misma.
“Nos reciben, ven nuestros papeles, nos dicen que se van a hacer mesas de trabajo, pero al final de cuentas no se llega a nada”, señaló Edith Guillemina Santeris, autoridad tradicional del pueblo de Los Reyes Culhuacán.
Sobre el predio en disputa, la comunidad y el INVI tienen posiciones encontradas: el instituto buscaría el terreno para una unidad habitacional, mientras los ejidatarios proponen que, si se construye vivienda, se destine a los hijos de las familias ejidales y se pague a la comunidad por la tierra.
La demora en resolver el conflicto tiene consecuencias que ya no son reversibles para una parte de los afectados.
“Se fueron con esa ilusión de decir: ‘Me pagaron, y lo voy a disfrutar’. Ahorita, muchos ejidatarios desde hace muchos años que ya no tienen cómo subsistir, andan juntando latas”, dijo Santeris.
La Alianza de Barrios de Culhuacán se rige por usos, costumbres y tradiciones propias, y no tiene adscripción a partido político alguno. Eso, afirma Santeris, contribuye a la falta de atención gubernamental: sin utilidad electoral, la comunidad no encuentra interlocución real.
La movilización de este martes es, según sus organizadores, el inicio y no el cierre de la presión. La comunidad planea hacer guardias, resistir y sostener el plantón. Ante cualquier incidente, responsabilizan al gobierno. Por la tarde, la Alianza solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Coyoacán para retirar a los invasores del “enmallado” y presentó su denuncia ante el ministerio público de Coyoacán, respaldada por los documentos certificados de propiedad ejidal, a través de su portavoz Ángel Flores Molina.
