Migran de Guerrero 117 jornaleros indígenas de la Montaña al norte del país; 51 son niñas y niños y 64 nunca pisaron una escuela, denuncia Tlachinollan.
Por Redacción / @Somoselmedio
Tlapa, Guerrero. La pobreza y la falta de trabajo en las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero volvieron a expulsar a 117 jornaleras y jornaleros hacia los campos agrícolas del norte del país, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Al filo del mediodía del martes 4 de agosto salieron rumbo a Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora al corte de chile y tomate verde. Entre quienes viajaron había 25 niñas y 26 niños de 0 a 17 años, de acuerdo con el registro de la organización.
Tlachinollan documentó que el 53 por ciento de las familias son na savi, el 33 por ciento nahuas y el 14 por ciento me’phaa. La mayoría proviene de comunidades indígenas que, según el organismo, permanecen abandonadas por las autoridades: ni siquiera resolvieron a tiempo la compra de gas para que en la casa del jornalero se les diera comida caliente.
La salida de este martes se concentró en los municipios más pobres del país. De Copanatoyac partieron 34 personas; de Cochoapa el Grande, 28; de Tlapa, 25; de Metlatónoc, 20; de Alcozauca, 6; de Olinalá, 2, y una de Tlacoapa. Cochoapa el Grande y Metlatónoc han sido históricamente los municipios con mayor pobreza en México, y Tlacoapa registra un grado de marginación muy alto. En Alcozauca las familias sobreviven entre precariedades y conflictos agrarios, en un territorio donde también se han cometido feminicidios a plena luz del día, como el de Leuteria en enero de 2025.
La migración arrastra a la infancia hacia los surcos. De las familias que este martes se encaminaron a los campos, 20 son niños de 0 a 5 años que crecen entre las plantas de chile y tomate verde. Salvo en algunas empresas agroindustriales que cuentan con guarderías y escuelas del Conafe, en la mayoría de las rancherías las y los pequeños se quedan bajo una sombrilla, un árbol o entre los cultivos mientras sus padres trabajan.
El derecho a la educación se rompe generación tras generación. Los niños de 6 a 11 años que deberían estar en la primaria trabajan junto a sus padres porque en casa no hay dinero para sostener sus estudios; los de 12 a 17 años tampoco cuentan con la beca Benito Juárez que les permitiría dejar de heredar la explotación. Del grupo que viajó este martes, 52 personas alcanzaron a cursar algún grado de preescolar, primaria, secundaria o bachillerato, mientras que 64 nunca tuvieron acceso a la escuela. La falta de maestros e infraestructura educativa persiste, denuncia Tlachinollan.
Las familias no pueden dejar de migrar porque, de quedarse, mueren de hambre o por enfermedades. Por eso muchas llegaron en dos autobuses destartalados desde las 9 de la mañana del lunes 3 de agosto a la Unidad de Servicios Integrales (USI), conocida como la casa de los jornaleros. Ahí esperaron todo el día y pernoctaron en condiciones paupérrimas, sobre colchones de varios años que se deshilachan.
A doña Ofelia, jornalera ñuu savi de la comunidad de Loma Canoa, en Cochoapa el Grande, apenas le ofrecieron comida caliente en la casa del jornalero. Vestía un huipil florido y huaraches; a su lado estaban su hija Yanet, de 3 años, y Brayan, de 5, mientras cargaba en brazos a Crispín, de un año. Aunque teje huipiles que llegan a costar hasta 3 mil pesos, el ingreso no le alcanza: no siempre se los compran y tarda meses en terminar cada pieza. Tampoco recibe apoyos gubernamentales suficientes para enfrentar las emergencias.
El día de la salida las familias tuvieron que comprar sus propios alimentos porque las dependencias no compraron a tiempo el gas para cocinar siquiera frijoles. Hasta las 2 de la tarde llegó personal de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) para resolver el problema. Tlachinollan responsabilizó a esa dependencia, junto con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de haber dejado en el abandono a la población jornalera sin garantizar lo más básico para su estancia.
Las mesas interinstitucionales, señala la organización, quedaron sin efecto. La atención llegó a cuentagotas incluso frente a la emergencia de inseguridad de noviembre pasado, cuando un grupo del crimen organizado cobró cuota a las y los jornaleros que viajaban a Sinaloa; quienes no acataron las órdenes fueron agredidos a balazos y pedradas y despojados de los ahorros que llevaban para sobrevivir la primera semana en los campos.
El desamparo alcanzó incluso a quienes buscaban salir por primera vez. Oliverio, joven na savi de 18 años de Cochoapa el Grande, intentó migrar a los campos de Chihuahua al corte de chile, pero lo bajaron del primer escalón del autobús porque no había pagado su boleto de 2 mil pesos. Deberá esperar hasta el jueves 7 de agosto para viajar. A las cuatro de la tarde de ese martes aún no había comido, por la falta de gas en la casa del jornalero.
