La RELE de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la constante violencia contra la prensa en México.
Por: Cinthia Quinto/ @CinQuinto / @somoselmedio
Ciudad de México, 12 de julio de 2022.- El día de hoy la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la constante violencia contra la prensa en México, la cual últimamente culminó con el asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
En México la violencia contra la prensa es una constante serie de amenazas de muerte e intimidaciones hacia los periodistas y/o sus familiares, por lo que en la prensa ha nacido un temor a reportar sobre temas relacionados al narcotráfico, corrupción o crimen organizado.
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La RELE ha documentado los casos de los periodistas María de Jesús Peters y Juan de Dios García Davish, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quienes salieron forzadamente del país luego de que el pasado 13 de mayo recibieran amenazas de muerte. Otro de los hechos documentados fue el de la periodista Susana Carreño, directora de Radio Universidad y periodista de Canal 44, quien el pasado 2 de julio, fue atacada con un arma punzante en Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que terminó gravemente herida.
Durante el primer semestre de 2022, la violencia contra la prensa en México tomó dimensiones escalofriantes por lo que se ubicó al país como el más mortal para la prensa. Entre el 10 de enero y el 29 de junio se reportaron los asesinatos de José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López Vásquez, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo, Sheila Johana García y Antonio de la Cruz y su hija.
La Secretaría de Gobernación del Estado de México informó a esta Relatoría que únicamente cuenta con el registro de diez personas asesinadas durante este periodo. Entre otros hechos reportados recientemente, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que a los periodistas “no hay que matarlos a balazos (…) hay que matarlos de hambre”.
Ante estos hechos la RELE reitera su llamado al Estado a investigar y sancionar los hechos con imparcialidad, pero sobre todo considerando la posible vinculación del crimen con la labor informativa, con la finalidad de evitar la repetición e impunidad de estos sucesos en contra de las personas comunicadoras, por otra parte, también insiste en la necesidad de que las autoridades federales activen acciones urgentes para la prevención de la violencia contra periodistas.
La Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la CIDH señaló que:
- El asesinato de periodistas y comunicadores es la forma más extrema y repudiable de censura, y no puede ser tolerada o normalizada en una sociedad democrática. Frente al escenario de escalada de violencia contra periodistas en México, resulta crucial que el Estado brinde una respuesta contundente y proporcional a la gravedad de los hechos, que debe incluir el rechazo enfático de las autoridades al más alto nivel frente a todo tipo de ataques e intimidaciones contra quienes ejercen la función periodística, y el reconocimiento de dicha labor por su contribución a la vida democrática. A través de diversos pronunciamientos, la Relatoría ha formulado recomendaciones al Estado enfocadas en tomar acciones institucionales urgentes para responder a este fenómeno, y a prevenir la violencia contra periodistas evitando discursos estigmatizantes y enviando mensajes de respaldo a su labor. Sin embargo, la Relatoría observa con preocupación que estos llamados no han contado con la suficiente reflexión, atención y prioridad que amerita una situación como esta de parte de las autoridades.
- Para la Relatoría, el hecho de que la violencia se extienda –cada vez con mayor frecuencia— a las y los familiares de periodistas pone de manifiesto la degradación severa de las garantías mínimas para el ejercicio del periodismo, y pone en cuestionamiento la vigencia del Estado de Derecho para quienes ejercen el oficio en México. Es fundamental que el Estado tenga en cuenta esta perspectiva en el desarrollo de medidas de prevención, por ejemplo, garantizando que los familiares de periodistas en situación de riesgo también puedan ser beneficiarios de medidas de protección a su vida, integridad y libertad de expresión.
- En un año crítico de violencia letal contra la prensa en México, resulta temerario que los liderazgos públicos y políticos no reflexionen sobre sus discursos y envíen de forma recurrente mensajes confusos, erráticos y contradictorios sobre este tipo de sucesos, lo que contribuye en alto grado al deterioro del debate público.
- La Relatoría nota que las acciones emprendidas por el Estado hasta la fecha han resultado insuficientes e ineficaces para detener el incremento de asesinatos y ataques físicos contra trabajadores de prensa.
- Atendiendo el momento crítico de la crisis de seguridad que atraviesa el país, la RELE considera que la función de observancia de derechos humanos por parte de la comunidad internacional –particularmente sobre la situación de periodistas y comunicadores— es esencial a fin de aunar esfuerzos y animar a una reflexión constructiva.
