
Por Max González Reyes
En días pasados, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa la cual busca reformar el artículo 35 constitucional para adelantar la revocación de mandato. En la actualidad se tiene previsto que ese ejercicio se realice a mediados de 2028. Sin embargo, la propuesta del diputado gira en torno a realizar la revocación de mandato el mismo día de la elección de 2027, cuando se renueve la Cámara de Diputados (500 diputaciones, si es que aún no está en vigor la nueva reforma electoral que se prepara desde el gobierno federal), 17 gubernaturas, 31 congresos locales y alcaldías de 30 estados, aunado a los 850 jueces que se elegirán que forman parte del Poder Judicial.
Es necesario recordar que la revocación de mandato es un mecanismo constitucional por el cual la ciudadanía tiene el derecho a decidir si una persona que desempeña un cargo público obtenido mediante elección popular, debe concluir de manera anticipada el puesto para el cual fue elegida. Para ello, se consulta a la ciudadanía si desean que el funcionario se mantenga o no en el cargo.
A simple vista elegir a tantos funcionarios en un solo día da la imagen de un país completamente democrático. Pero la trampa está en los detalles. Realmente, la propuesta del diputado Ramírez Cuéllar busca poner en la boleta electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum y con ello sacar ventaja política.
El objetivo de Morena es ganar todos los cargos que estarán en juego en 2027. Lo que busca esta propuesta de adelantar la revocación del mandato es aprovechar la figura de la presidenta, colgarse de ella y con ello asegurar la mayoría de los cargos que estarán en disputa.
En la exposición de motivos de la iniciativa del diputado Ramírez Cuéllar es para economizar y así evitar otro gasto un año después de los comicios de 2027. La propuesta señala que se trata de realizar una elección simultánea en la que se renueva la Cámara de los diputados y las diputadas y, al mismo tiempo, ejercer este sistema de fiscalización, que ya está plasmado en la Constitución, pero con fechas distintas y solo se incrementan los procesos electorales sin ninguna justificación, lo que implica mayores erogaciones de carácter financiero.
Recordemos que el primer ejercicio de revocación de mandato fue para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho ejercicio se llevó a cabo el 10 de abril de 2022. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados, pues apenas se tuvo una participación ciudadana del 17 por ciento, por lo que no alcanzó el 40 por ciento de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores para que tuviera efectos vinculantes.
La propuesta del diputado busca que no se repita ese abstencionismo que hubo en el pasado ejercicio. Es sabido que en las elecciones intermedias la participación no es tan amplia. Si se llegara a realizar la consulta para la revocación aumentaría la participación ciudadana, porque se haría toda una campaña no sólo para los cargos en disputa, sino de la misma presidenta.
Con este antecedente, es obvio que el nombre de la presidenta en las boletas electorales influiría en los ciudadanos a la hora de emitir su voto.
Sin embargo, la propuesta del diputado no contempla los acontecimientos de violencia e inseguridad que han pasado en el país las últimas semanas. La situación de violencia que vive Michoacán y otras partes del país han cambiado el panorama para el grupo en el poder. Si la situación no cambia en los próximos meses, exponerse a una revocación de mandato sería muy perjudicial para la presidenta. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, aunado a otros actos violentos en distintas regiones del país, han puesto en tela de juicio la estrategia de seguridad de la presidenta. Quizá por ello es que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales de dicha Cámara posponer la discusión prevista sobre la revocación de mandato. El presidente de la Jucopo informó que se darán unos días más a petición de los coordinadores parlamentarios, quienes consideran la propuesta como un “albazo”. Fue por ello que la reunión de dicha Comisión, programada para el pasado 10 de noviembre, se pospuso hasta nuevo aviso.
A ello hay que agregarle las manifestaciones de descontento que se han presentado en distintas ciudades del país. Pese a que la presidenta aún conserva un buen porcentaje de aceptación, estas manifestaciones pueden reducir sus niveles de popularidad.
En las circunstancias actuales, exponer a la presidenta a la revocación de mandato podría no dar los resultados esperados. Para Morena y aliados el objetivo es mantener la mayoría legislativa a nivel federal como a nivel local. Con la situación de inseguridad que se vive hoy, es probable que no les dé para obtenerlo. Sin embargo, la propuesta de revocación no está suspendida. Por hoy está en lista de espera, pero en cualquier momento puede volverse a poner sobre la mesa.




