A través de una investigación, la Alianza Mexicana contra el Fracking accedió a información oficial y constató que, pese a los compromisos del actual gobierno expresados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la explotación de gas y petróleo en formaciones no convencionales a través de fracking sigue vigente y avanzando en territorio mexicano.
El compromiso de no utilizar esta técnica quedó establecido en el Punto 75 del Plan de Gobierno de la 4T, el cual señala que “no se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”. Desde entonces, en varias sesiones de las conferencias de prensa matutinas, el presidente ha reiterado su compromiso para detener esta práctica; ayer y hoy negó que su gobierno utilizara esta técnica.
De acuerdo con información de la organización, desde que comenzó el gobierno de la 4T, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprobado seis Planes de Exploración en yacimientos no convencionales, los cuales permiten la perforación y fracturación de pozos para extraer gas y petróleo. Cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. Además, se le autorizó a PEP un séptimo Plan de Exploración, esta vez en yacimientos convencionales, que permite actividad no convencional. Además, pese a que el presidente anunció el 26 de junio de 2019 que el Plan correspondiente a la Asignación de PEP “AE-0387-2M Humapa” quedaría cancelado como una muestra del compromiso de su gobierno de no avanzar con esta práctica, a noviembre de 2019 este Plan seguía vigente, “lo que supone que Pemex cuenta con los requisitos pertinentes para seguir avanzando con las actividades contempladas en él”.
En total, en estos planes se contempla la perforación y fracturación de entre seis y diez pozos (en el escenario base y el escenario incremental, respectivamente) entre 2019 y 2021. Estos pozos se suman a los tres pozos que, si bien fueron autorizados durante el sexenio anterior, han sido operados durante el gobierno actual. En concreto, uno de ellos fue perforado y terminado en 2019 y dos más fueron terminados ese mismo año ?Chaxán-EXP1, Pankiwi-EXP1 y Semillal EXP1?, lo que indica que la actividad de fracturación hidráulica ha sido realizada durante la 4T, a través de PEP, empresa productiva del Estado. Asimismo, al menos había tres pozos ?Maxochitl-EXP1, Kaneni-EXP1 y Pankiwi-EXP1? que se encontraban produciendo gas y petróleo no convencional en 2019.
La organización denunció que ese mismo año, en el la comunidad del Tablón del municipio de Pantepec en Puebla, donde se sitúa el pozo Pankiwi-EXP-1, hubo diversos daños a la salud de la población derivados de la actividad del mismo, como constantes dolores de cabeza y náuseas debidos a los fuertes olores y vapores que emanaban del pozo. Además, en la zona también ha habido daños a parcelas donde, repentinamente y sin explicación alguna, ocurrieron fisuras en la tierra y vertidos de petróleo. La población nunca fue informada sobre el uso de fracking en dicho pozo y solo lo pudieron corroborar que así fue una vez que se obtuvo la información vía transparencia en el marco de la investigación señalada.
Por otro lado, el gobierno ha seguido asignando y ejerciendo presupuesto público en proyectos de inversión de Pemex Exploración y Producción que requieren el uso de fracking para explotar hidrocarburos en formaciones no convencionales.
“Aunque estos proyectos ?Aceite y Gas en Lutitas y Aceite Terciario del Golfo ? fueron creados en sexenios anteriores, ha habido una continuidad en los mismos durante la presente administración. De esta manera, en 2019 se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 6,603,959,696 pesos a los mismos, mientras que en 2020 este presupuesto se aumentó a 10,837,382,324 pesos, lo que, en términos reales, significó un incremento de 58.4%. En cuanto al presupuesto efectivamente gastado en 2019, asciende a 5,318,771,761 pesos según la Cuenta Pública de ese año, mientras que a primer trimestre de 2020 ya se han erogado 1,196,761,113 pesos, lo cual es una muestra irrefutable de que esta actividad sigue siendo impulsada por el gobierno actual”, advirtió la Alianza.
Las y los defensores del ambiente resaltaron que toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la Reforma Energética del sexenio anterior sigue vigente y operativa en la actualidad, lo que incluye los “Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos” y los “Lineamientos de perforación de pozos”, ambos de la CNH, los cuales incluyen disposiciones para no convencionales y fracking. Asimismo, los “Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra” de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA). Finalmente, los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La Alianza señaló que esto implica que las empresas y las entidades públicas implicadas en esta actividad siguen contando con un marco normativo que les permite realizarla, por lo que consideró necesario que el gobierno y el Poder Legislativo tomen medidas inmediatas para concretar los compromisos de la 4T en hechos que eviten que el fracking siga siendo utilizado y, consecuentemente, proteger a la población, el ambiente y el clima de esta dañina técnica
“Por ello, urgimos a que se tomen medidas administrativas y legislativas que prohíban el fracking en México, como lo demandan ya 88 mil personas a través de su firma, y como lo han hecho responsablemente otros países y territorios del mundo, entre ellos: Francia, Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda, Uruguay, la provincia de Entre Ríos en Argentina, el estado de Victoria en Australia, la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España, el Estado de Paraná en Brasil, y varios estados y localidades dentro de Estados Unidos (Vermont, Nueva York, Maryland, ciudad de Pittsburgh, condado de Monterey y territorios Chippewa y Cherokee), Finalizaron.
