Mediante el pronunciamiento “La Población no es un objetivo” firmado en conjunto por diversas organizaciones no gubernamentales, así como organizaciones sociales las cuales se unieron para exigir que gobierno de México brinde seguridad a la población civil de la Región de la Frontera y la Sierra de Chiapas asediado por grupos criminales.
Por Rafael Moreira
Ciudad de México, 30 de septiembre 2023- Organizaciones sociales, unieron su voz para mostrar su apoyo a las exigencias de las arquidiócesis de San Cristóbal de las Casas y de Tapachula ante el aumento de la violencia generado en el estado de Chiapas por parte de grupos de la delincuencia organizada y con la complicidad de las autoridades en todos los niveles de gobierno.
Exigen al gobierno federal y al gobierno de la estatal, así como autoridades municipales de Chicomuselo, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la frontera, Motozintla, Siltepec, Comitán, Mazapa de Madero, La grandeza, Bella Vista, Bejucal de Ocampo y El Porvenir, así como también a organismos en defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales para que tomen cartas en el asunto ante el aumento de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio con prácticas que aterrorizan a la población local.
El reclamo viene luego de que hace más de dos años ha incrementando la violencia y el control por medio del “terror y la violencia armada”, en consecuencia, estos actos han llevado a la población a estar expuesta y ser obligada a participar en bloqueos, movilizaciones o en enfrentamientos a favor de alguno de los bandos en disputa.
Para entrar más en contexto la Región de la Frontera de México con Guatemala en Chiapas ha sido víctima del asedio de la dos bandos antagónicos de la delincuencia organizada luego del asesinato de una persona vinculada a una de estas organizaciones en 2021, y siendo esta región un corredor estratégico para el tráfico de estupefacientes han obligado a los habitantes a vivir en el terror.
“La sociedad civil de la esta región es convertida en un escudo de guerra, con cortes a suministros básicos como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías de telefonía móvil. Los constantes ataques que sufre la población los mantiene en un miedo constante, además temen por represalias de estos grupos si tratan de desplazarse“
Entre las denuncias manifestadas por la población civil está el incremento de la violencia como asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, despojo de bienes y medios de vida, la interrupción de la vida cotidiana de la población, así como la suspensión indefinida de clases y de servicio de salud.
Es por ello que en el pronunciamiento se exige al Estado mexicano de: brindar atención integral a la población; brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado y generar condiciones duraderas para su pronto retorno y seguro; atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población; realizar una investigación exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia y que se imparta justicia; así mismo implementar una estrategia integral garantizando la seguridad de la población sin la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
Además también piden garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio y ciudadanía en general en Chiapas, específicamente en la Región Frontera y Sierra.
Para concluir se hace un llamado a la población en general para su solidaridad. empatía y observación de lo que sucede en las regiones donde se agudizan estos hechos en la Región Frontera y Sierra. Velando por la garantía de derechos humanos y el cese a la violencia generada en las regiones mencionadas.
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