Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida, la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica y la La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.
Durante la visita oficial de Andrés Manuel López Obrado a Xalapa, Veracruz, los pueblos y las organizaciones le solicitaron al Presidente y a los legisladores del Congreso de la Unión que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país.
“Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: Por el bien de México, primero los pobres”.
Los pueblos detallaron que una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Por lo que recordaron a Andrés Manuel López Obrador lo dicho durante su discurso este 1ro de diciembre: “Es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.”
En el comunicado las organizaciones y pueblos detallaron que en Veracruz, la tendencia de saqueo de los pueblos, ríos y ecosistemas desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan, ha sido por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero.
Explicaron que en la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen.
Los pueblos finalizaron pidieron al Presidente y a los legisladores del Congreso de la Unión que hagan una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. “Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros.”