Por Max González Reyes
Por fin la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la tan esperada reforma electoral. Aunque formalmente no se sabía el contenido de la iniciativa, sí se tenía conocimiento de cómo venía. Y en efecto, no sorprendió.
Cabe mencionar que de las reformas que dieron paso a la democratización de México de los años noventa a la fecha, todas tomaron en cuenta a los partidos políticos. Todas. La de 1996, la que a la postre permitió la alternancia, tuvo el consenso del PRI, del PAN y del PRD. Para esa reforma hubo mesas de análisis, diálogos, debate entre los líderes de los partidos políticos. Es decir, se tomó en cuenta a la oposición. Además, todas iban en busca de aumentar la pluralidad y generar consenso. A diferencia de ello, la reforma que presentó la presidenta, en primera, fue planeada por un grupo selecto propuesto por la propia mandataria. La Comisión que para el efecto se creó desde la presidencia hizo un simulacro de diálogos que hoy nadie recuerda. La realidad es que la iniciativa la planearon desde sus oficinas sin escuchar las otras voces, incluso sin incluir a los líderes o representantes de los partidos con los que han caminado los últimos siete años, el PT y el PVEM. La reforma la hicieron solos, sin escuchar a nadie. Por eso es una reforma a modo de lo que el gobierno quiere.
Un segundo planteamiento de esta reforma es que busca eliminar la pluralidad que tanto costó al país. El proyecto que presentó la presidenta busca asegurar que el grupo en el poder mantenga la permanencia de forma indefinida. Es cierto que no se reduce la representación en la Cámara de Diputados, se quedan los 300 representantes de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional. Sin embargo, la propuesta plantea que 97 sean los que quedan en segundo lugar, es decir, se aseguran espacios para el partido mayoritario, con lo que se agregarían a los 300 de mayoría relativa porque formarían una sola fracción parlamentaria. Con ello, Morena, partido en el gobierno, si no gana un distrito por mayoría, lo ganaría al quedar en segundo lugar. Los otros 95 “plurinominales” se elegirían por circunscripciones, y ocho espacios para representantes migrantes.
Cabe mencionar que la reforma está en el aire porque ni los propios partidos que han apoyado al gobierno (PT y PVEM) están convencidos de su contenido. En las mesas de trabajo previas no llegaron a ningún acuerdo. Aun con ello, a pesar de que la presidenta presentó el 25 de febrero la iniciativa, fue hasta el 2 de marzo cuando la mandó a la Cámara de Diputados para ser la cámara de origen, para dar tiempo para ver si cambian de parecer y apoyan la propuesta. Sin embargo, previo a la presentación, ni el Verde ni el PT se movieron de su postura en contra de reducir la representación plurinominal ni el financiamiento a los partidos.
Si al inicio de su sexenio el plan de la presidenta era mantener una alianza aterciopelada, donde el trinomio Morena-PT-PVEM fueran de la mano durante seis años, esa alianza hoy está en duda. Esta reforma puede ser el inicio de un rompimiento a nivel federal pero también en el ámbito local. Si la reforma no es apoyada por el PT y por el PVEM, la mayoría legislativa para 2027 está en duda. Pero la ruptura puede llegar hasta la selección de los candidatos en distintos estados donde estos partidos quieren imponer a sus respectivos candidatos.
Si la presidenta presentó la iniciativa sin el consentimiento de los otros partidos, estos bien pueden deslindarse a sabiendas de que su voto es crucial para aprobar la reforma. Ellos saben que la propuesta presidencial es el equivalente a casi desaparecer no sólo de la representación legislativa, sino de los recursos que como partido reciben.
Por otro lado, la iniciativa del ejecutivo propone eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que tanto ha servido en las elecciones recientes. Este sería un grave retroceso para la vida democrática del país porque el PREP sirvió como un filtro para que no se realizaran fraudes como el de 1988 en el que iba ganando el candidato de oposición -en ese entonces Cuauhtémoc Cárdenas- y se “cayó el sistema”. Para cuando volvió a restablecerse el candidato del partido oficial, Carlos Salinas, encabezaba los resultados. Con la propuesta presidencial hoy podemos caer en ese escenario.
El PREP ha sido estratégico para que no se intente un fraude como el de aquel año. Con la propuesta presidencial desde ahora se busca legalizar la posibilidad de un fraude. Con ello se comprueba que Morena quiere mantenerse en el poder por tiempo indefinido.
Por su parte el recién nombrado coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, reiteró que la propuesta se apegará a la visión de la Cuarta Transformación. El Senador dejó en claro que si los partidos aliados mantienen su actual posición Morena podría “transitar” sin ellos. En opinión de Mier, esta reforma no formaba parte de la alianza con el PT y el PVEM que originalmente presentó el ex presidente López Obrador aquel 5 de febrero de 2024.
El hecho de que no haya un acuerdo complica los tiempos, toda vez que el plazo legal se agota si es que se pretende que la reforma se aplique en 2027. Estamos a principios de marzo, lo que significa que las cámaras legislativas tendrán este mes y abril para dictaminar, discutir y en su caso aprobar la reforma. Si no se llega a un acuerdo, no se descarte que la iniciativa se quede en la congeladora legislativa.
