ARTICLE 19, R3D y SocialTIC denuncian corrupción, lavado de dinero y espionaje ilegal con Pegasus en México; señalan a Peña Nieto, Osorio Chong, el CISEN y el Ejército como responsables de una red de vigilancia que persiste hasta la actualidad.
En el décimo aniversario del asesinato del joven activista Antonio Vivar Díaz, familiares y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron justicia y responsabilizaron a la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos y al expresidente Enrique Peña Nieto por el operativo que culminó con su muerte.
A la hora de haber comenzado la conferencia matutina del día 7 de Julio de 2022, Pablo Gómez (Titular de la UIF), subió al podio de prensa para revelar información acerca de la carpeta de investigación relacionada con actividades financieras ilícitas por parte del ex presidente Enrique Peña Nieto.
La Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México documentó que en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 184 personas defensoras de...
El pasado miércoles 29 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto difundió en sus spots publicitarios, que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el...
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reiteró ayer que, tras 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del...
A una década del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete, la Fiscalía capitalina no ha esclarecido el móvil ni identificado a todos los responsables. ARTICLE 19 y las familias denuncian negligencia institucional y exigen justicia.
Una carta internacional respaldada por 228 activistas indígenas de 48 países demanda protección urgente para la defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas, quien enfrenta amenazas y hostigamiento en Oaxaca.
Tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la Segob anunció un proceso participativo para designar al próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Colectivos de víctimas exigen un nombramiento legítimo y con perfil técnico, tras acusar retrocesos en la gestión anterior.
