Por Max González Reyes
La política mexicana es muy singular. De pronto se analizan y discuten los grandes temas, las grandes reformas que afectan a todo el país, y por momentos se detiene en detalles que en apariencia no son importantes, pero reflejan el tipo de funcionarios que dominan el quehacer político.
En días recientes nos enteramos que en el Senado de la República había un salón de belleza donde las legisladoras (como la morenista Andrea Chávez) y alguno que otro legislador pasaban a darse su “manita de gato”. El espacio contaba con dos sillas para aquellos que necesitaban esperar. Además, mientras los presentes esperaban tenía una pantalla para entretenerse en lo que llegaba su turno. Según diversas informaciones, el salón estaba abierto de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y solo se habilitaba cuando había una reunión del Pleno.
A raíz de que se hizo público el tema del salón de belleza, se cerró y se dijo que se llevaría a cabo una investigación sobre su uso. Puede ser que lo cancelen, pero el caso quedó registrado y dio de qué hablar.
El tema no tendría relevancia si no fuera porque la bandera con la que llegaron la mayoría de los integrantes de la Cámara Alta fue de austeridad; sin embargo, hoy están llenos de privilegios. Esto demuestra que lo que antes criticaban ahora lo hacen. En este mismo rubro están los viajes en clase premier de diversos legisladores que antes reprochaban la vida de lujos que tenían los integrantes de la clase política.
Otro botón de muestra. La jefa de Gobierno Clara Brugada, en su desesperación porque no bajan los niveles en la percepción de la inseguridad en la entidad, propuso a los medios un “gran acuerdo” para disminuir la cobertura de hechos violentos, conocidos como nota roja, ya que a su consideración este tipo de contenidos influye de manera directa en la percepción de inseguridad. La mandataria capitalina sostuvo que existe una brecha entre las cifras oficiales y el sentimiento ciudadano, por lo que indicó que lo mejor sería hacer un pacto que mejorara la imagen de la capital.
Pero el caso más singular se dio en el estado de Campeche con la gobernadora Layda Sansores. De inicio, ella en sí mismo es todo un caso.
Sansores hoy es integrante de Morena, pero su origen es priista, aunque fue legisladora del PRD, de Convergencia, de Movimiento Ciudadano y hasta del PT. Ya como integrante de Morena logró conseguir la gubernatura de Campeche, después de intentarlo tres veces con los otros partidos. Es hija del destacado priista Carlos Sansores Pérez. Su paso como legisladora fue gris, pues prácticamente no hizo trabajo legislativo y sólo se dedicó a denostar al presidente en turno.
Esta funcionaria hoy mantiene un conflicto con los legisladores de Morena en el Congreso local. El conflicto inició con la aprobación del presupuesto 2026 y la propuesta de la mandataria estatal para contratar un crédito por mil millones de pesos. Derivado de estas tensiones, legisladores morenistas avalaron reactivar el fuero constitucional después de casi 10 años de su derogación, en el 2016, para no ser sometidos a un proceso penal. Lo relevante es que varios diputados de Morena y de Movimiento Ciudadano (MC), tienen abiertas carpetas de investigación por su proceder en su tiempo como funcionarios en administraciones estatales y municipales. El tema está abierto, el conflicto sigue vigente.
Estos tres casos, muy disímbolos entre sí, muestran una cara muy distinta de lo que Morena pregona ser. Estos comportamientos, vistos en conjunto, distan mucho del discurso de austeridad, de superioridad moral y ética, de cambio y renovación que tanto pregonan y que fue el que los llevó a tener la mayoría a nivel federal y en varias legislaturas locales.
Estos casos no son aislados del debate en torno a la reforma electoral. A unos días de que se presente esta reforma, el panorama se le complica a Morena. Aunque parecía que el tema de los plurinominales estaba resuelto, en días pasados hubo una reunión en las oficinas de Morena que fracturó el consenso entre el partido y sus aliados. Se mencionó que en dicha reunión la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó un acuerdo previo en el que se mantenían los legisladores plurinominales. Se señaló que, en la reunión, Alcalde exigió un recorte mayor al financiamiento público de los partidos políticos. Según diversos reportes, la postura de la dirigente nacional provocó la indignación inmediata y que los dirigentes del PT y del PVEM se retiraran de la mesa de negociación.
Hay que destacar que estas reuniones son de suma importancia ya que la reforma camina contra corriente, pues los plazos para presentar y aprobarla están encima, si lo que se quiere es que se aplique en la elección de 2027.
Como se observa, hay contradicciones entre los dichos que pregonan en Morena y sus aliados y el que realmente aplican. El problema radica, no en que sean perfectos puesto que nadie lo es, sino en que su discurso está basado en el argumento de que “no somos iguales”. Ese discurso fue el que los llevó a tener el control de buena parte de las gubernaturas, de los congresos locales, de la Cámara de Diputados y del Senado.
El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador estuvo basado en un rechazo a los privilegios, a los lujos. Hoy Morena se desmorona precisamente por los lujos y los privilegios. Electoralmente se mantienen fuertes y no hay quién les haga sombra, pero no se descarte que este tipo de acciones los lleven al desgaste y todo ese control que hoy tienen poco a poco se vaya erosionando y terminen sin ser la mayoría que hoy tienen.
