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Descalificar a las instituciones

Por Max González Reyes

En el acto de toma de protesta del Presidente de la República, el nuevo mandatario repite el texto del artículo 87 constitucional que a la letra dice:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”

Al decir este texto asume de manera legal el cargo de presidente de la República. Con ello se compromete a ser el principal guardián en la aplicación de las leyes. Desde luego, está en todo el derecho de modificar alguna legislación. Para ello existe un procedimiento legislativo ampliamente codificado. Es lo que desde hace varios sexenios, desde el inicio del nuevo gobierno, el presidente en turno manda iniciativas de ley al Congreso para plasmar su plan de trabajo de lo que será su administración. Felipe Calderón mandó iniciativas en materia de seguridad y justicia, entre otras cosas para sacar el ejército a las calles; Enrique Peña Nieto mandó varias iniciativas, consensadas en lo que se denominó Pacto por México, que modificaron, entre otros temas, el sector educativo, el energético, el laboral, etc. De la misma manera el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado iniciativas en las que plasma su forma de concebir el proyecto de nación. Todo ello está contemplado dentro de la constitución, pues para ello existe ese proceso legislativo.

No es una novedad decir que el presidente López Obrador estableció una nueva forma de comunicación a través de sus conferencias mañaneras. El Mandatario, todos los días, dicta la agenda, hace anuncios, reclama, da consejos, pide, anuncia nuevos nombramientos, etc. Las mañaneras son la puesta en escena donde el presidente es el actor principal. Es precisamente en las conferencias mañaneras que López Obrador se ha lanzado en contra de todo aquello que no comparte su perspectiva del país a los que califica de conservadores y neoliberales.

En los últimos meses ha estado en los medios el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Salgado solicitó licencia como Senador para competir una vez más a dicha entidad pese a que sobre él hay acusaciones de abuso sexual a mujeres. Desde que se anunció su candidatura por Morena, el partido del presidente, diversas organizaciones defensoras de mujeres se han manifestado para que no llegue a obtener dicha postulación. Pese a ello, el senador con licencia continuó con su intención de ser candidato. Posteriormente, al registrarse formalmente como candidato, el órgano electoral le retiró la candidatura por no haber informado sus gastos de precampaña.

El tema ha escalado varias semanas. Incluso al preguntarle al presidente en una de las mañaneras dijo “ya chole” en claro fastidio al abordarlo; sin embargo, el asunto sigue en los medios y el mandatario sigue hablando de él a tal punto que ha desacreditado a los consejeros del INE, concretamente a su presidente, Lorenzo Córdova.

Esa serie de declaraciones se suma a las que en reiteradas ocasiones ha hecho el presidente en torno a los organismos autónomos. En su visión, éstos deberían desaparecer pues sólo sirven para lucrar con el presupuesto. Una y otra vez expresa su descontento con las reglas electorales, pese a que gracias a ellas logró el triunfo en 2018.

El mandatario debe ser el promotor del fortalecimiento de las instituciones. En ese sentido, debe ayudar con sus dichos y hechos a consolidar el proceso democrático. Pese a que el avance de la democracia empezó en la década de los setenta, y de manera puntiaguda se ha venido avanzando, esto ha sido en buena medida porque el ejecutivo en turno ha obstaculizado ese fortalecimiento democrático. López Obrador que llegó con el mayor respaldo popular de la historia, lejos de ello, con sus declaraciones las debilita, las confronta.

El presidente es el primero en violentar las instituciones, esto es claro en sus mañaneras donde levanta la crispación y encono. Las declaraciones que diario hace en sus conferencias no tienen un valor jurídico, pero sí político. La visión del presidente es “o están conmigo o contra mí”, y ese respaldo tiene que ser total.

Uno esperaría que la crispación y enfrentamiento tendría que venir de la oposición o de grupos que no comparten las políticas del presidente; pero en nuestro caso, proviene del presidente mismo. Del encargado de guardar y hacer guardar las leyes que emanan de la constitución, como los órganos autónomos.

El presidente no tiene problema en violar la constitución. Es por ello que diversos medios recuerdan esa declaración que hizo en 2006 cuando mandó “al diablo las instituciones”. El hoy presidente actúa con esa postura. Por ello, todos los días habla y reclama en contra de los organismos existentes.

Es comprensible el disgusto de los jugadores al árbitro electoral, pues al tomar decisiones afectan a los partidos políticos. Eso es normal, así es el juego de la democracia, unos ganan y otros pierden. Pero que las descalificaciones vengan del mismo presidente, es decir, de un poder constitucionalmente establecido, ahonda aún más en el debilitamiento institucional. El presidente desprestigia a las instituciones que guardó respetar.

Muchas de sus declaraciones generan crisis e inconformidad. Con sus declaraciones de descalificación, el presidente da pie a que todos sus allegados (candidatos, dirigentes, diputados, senadores, secretarios de estado, gobernadores, todos allegados a Morena) amenacen y desprestigien al órgano electoral pidiendo la renuncia de sus consejeros, amenazándolos hasta de ir a su casa, e incluso pidiendo la desaparición del INE. En su opinión, se puede violar la constitución, total, el presidente nos respalda.

Nacional

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El Charco: violencia sin límites

Desde el momento en que el ejército fue informado por personas infiltradas dentro de las comunidades indígenas, que en El Charco se realizaba una reunión con autoridades de varias localidades y que en ella participaban personas de un grupo guerrillero, los mandos militares planearon la masacre en la madrugada del 7 de junio de 1998.
Max González Reyes
Max González Reyes
Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Especialista en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM y colaborador de Somos el Medio.

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