Por Max González Reyes
Uno de los temas que ha cruzado la historia política de México desde que es independiente ha sido la concentración del poder en una sola persona, regularmente el portador del poder Ejecutivo. El objetivo siempre ha sido ponerle límites al poder, pues se ha comprobado una y otra vez que quien lo detenta procura aumentarlo y conservarlo, incluso por medios ilegítimos, ya sea alterando la ley o, en algunos casos, pasando arbitrariamente por encima de ésta. Es precisamente por ello que desde la teoría social se ha establecido el mecanismo de dividir el poder de tal manera que cada área tenga funciones en las que los otros no les pueda afectar. Esto no quiere decir que no exista colaboración entre ellos.
Originalmente la formula típica para limitar el poder fue dividirlo en tres, cuya función es complementaria entre ellos: el Ejecutivo, el único que es representado por una sola persona; el Legislativo, dividido en dos cámaras, una de diputados y una de senadores; y el Judicial, cuya máxima representación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Es precisamente la supremacía del Ejecutivo sobre los otros dos que ha llevado a que nuestra Constitución política tenga múltiples reformas. Como se recordará, en el Siglo XIX hubo presidentes que gobernaron con facultades que la constitución no le atribuía o con decretos que les permitieron perpetuarse en el poder, o en su caso, reformar la constitución para tenerla a modo. Así gobernaron Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y el mismo Porfirio Díaz. Cabe mencionar que la inestabilidad política y constitucional fue el común denominador de ese periodo.
El Siglo XX mexicano no estuvo exento de abusos por parte del poder presidencial. Después del movimiento revolucionario los presidentes buscaron tener el control del poder legislativo para que de manera legal se aprobaran sus proyectos de nación. A finales de la década de los años veinte el presidente saliente, Plutarco Elías Calles, instauró un periodo que se le denominó Maximato por el cual, él, sin ser el portador del Ejecutivo, tomaba las decisiones que le correspondían al presidente en turno. Complementario a esto, se estableció una estructura paralela que contribuyó a tener disciplina partidista dentro del Congreso: el Partido Nacional Revolucionario (PNR), origen del actual PRI.
El PRI se convirtió en una especie de secretaría de estado, aunque no estaba dentro de la estructura burocrática de manera formal; sin embargo, el presidente en turno se convirtió en “el primer priista del país”. Ello le permitió al Ejecutivo tener facultades “metaconstitucionales”, es decir, que iban más allá de la constitución o que en no estaban explícitas en la carta magna.
Tener la mayoritaria en el Legislativo, permitió al presidente que dentro del Congreso se conformara una estructura de partido hegemónico que llevó un presidencialismo, donde todas las iniciativas que mandaba el Ejecutivo, se aprobaran prácticamente sin discusión. Así funcionó el sistema político mexicano durante buena parte del Siglo XX. Mientras que, por un lado la oposición estuvo pugnando por el cambio de reglas, y por el otro, el desgaste del sistema mismo llevó a que a finales de la década de los noventa, el PRI perdiera la mayoría absoluta en la cámara de Diputados y posteriormente la presidencia en el año 2000.
Pese a ello, la consigna sigue siendo limitar el poder presidencial, pues a pesar de las reformas y avances democráticos, el Ejecutivo tiene en sus manos un poder que lo hace superior a los otros dos. Al ser unipersonal, el protagonismo que concentra se convierte en un peligro constante.
Ese protagonismo es más que obvio en el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Todos los días, sin faltar uno, enciende la luz para llamar los reflectores. De lunes a viernes su conferencia mañanera es un despilfarro de su personalidad. Esto lo complementa los fines de semana en los eventos y videos que publica en redes sociales durante las giras que realiza a los estados.
El Ejecutivo se expone a los medios y suelta cuanta opinión se le ocurre. Habla en contra de todo aquel que no está de acuerdo con su postura, su opinión o sus acciones. Un día habla en contra de los organismos autónomos; otro, en contra de los medios de comunicación (nacionales y extranjeros); uno más, contra periodistas, jueces, magistrados, y un largo etc. No hay conferencia que no suelte una descalificación a sus “adversarios”. Todos los que opinan contrario los califica, de conservadores y neoliberales; si la ley contradice su proyecto de la Cuarta Transformación, es porque fue diseñada por presidentes contrarios al pueblo, porque el pueblo es sabio y no se equivoca. Y él es el representante de ese pueblo, por lo tanto, él no se equivoca. De la misma manera, si hay que defender a un candidato de su partido a una gubernatura con pasado dudoso, pese a que la sociedad lo rechace, él lo defiende.
Desde la mañanera lanza órdenes. Un claro ejemplo fue la iniciativa que mandó a la Cámara de Diputados para reformar la industria eléctrica. Sobre ello aseguró que no estaba “dispuesto a que se le cambie una coma”, aunque ésta sea discutida en parlamento abierto y diálogo con los empresarios. El partido del presidente, mayoritario en el Congreso, Morena, obedeció y la aprobaron sin ningún cambio.
No conforme con ello, ante los amparos que concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro por la reforma a la industria eléctrica, el presidente envió una misiva al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para pedirle que determine si al juez “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.
Es sumamente peligroso que el presidente pretenda controlar a los otros dos poderes. Resulta contradictorio que Andrés Manuel López Obrador tome esa postura puesto que él tomó como bandera la crítica a los gobiernos priistas autoritarios donde el Presidente era el gran legislador. Como opositor mantuvo una constante critica a ese presidencialismo priista, que en gran medida fue lo que desgastó el régimen de partido hegemónico y dio paso a la alternancia para que desde 1997 no haya una mayoría absoluta en el Congreso.
Hoy el presidente es el depositario de todo ese esfuerzo de décadas. Sería un grave retroceso que, una vez logrado ese avance el incipiente democrático que hoy vivimos se regrese a tiempos donde la voz presidencial decida sin un contrapeso en el Congreso y en el Poder Judicial.
