Por Max González Reyes
No es ninguna novedad que cada sexenio se anuncie con bombo y platillos la aplicación de la ley “hasta sus últimas consecuencias” a la par de que se presume un plan de combate a la corrupción, todo ello acompañado de la captura de algún ex funcionario de alto rango para mostrar a la sociedad que ahora sí va en serio.
Basta recordar que, en el sexenio de Miguel de la Madrid, el ajusticiado fue Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, quien en 1976 el presidente José López Portillo lo había nombrado en la paraestatal para administrar el dispendio petrolero de finales de esa década. Sin embargo, para 1983, cuando Díaz Serrano ya fungía como Senador de la República por el PRI, fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de fraude por la compra de dos barcos petroleros de Cantarell y Ahkatú. Al ser Senador y tener inmunidad, obligó a llevar a cabo un proceso de desafuero, y una vez concluido, éste tuvo que pasar cinco años en el Reclusorio Sur. Cabe recordar que el sexenio delamadridista se autodenominó “de la renovación moral”, no obstante que esa supuesta renovación fue mera simulación ya que la crisis económica y el fraude electoral de fin de ese sexenio tiraron por la borda todo aquel proyecto que sólo fue en el discurso.
Para el siguiente sexenio, Carlos Salinas de Gortari, cuestionado desde antes de tomar posesión, para buscar un trozo de legitimidad de la cuestionada elección donde salió ganador, aplicó el llamado ” quinazo”, en el que Joaquín Hernández Galicia, conocido como “La Quina”, fue detenido el 10 de enero de 1989, ello tras cinco sexenios al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). El gobierno salinista lo acusó de delitos de evasión fiscal por más de 3 mil 500 millones de pesos, de introducción ilegal de aeronaves con valor superior a los 10 millones de dólares, homicidio calificado y almacenamiento de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Hernández Galicia fue condenado a 35 años de prisión.
El presidente Ernesto Zedillo, rompió con su antecesor al llevar a la cárcel al hermano del ex presidente, Raúl Salinas, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de su ex cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, quien fuera asesinado afuera de un hotel ubicado en avenida Paseo de la Reforma. También se le acusó de enriquecimiento ilícito, por lo que sus cuentas fueron congeladas y se le aseguraron algunos bienes. Con ello el presidente Zedillo daba el mensaje que él mandaba, y no su antecesor como lo especulaban en ese entonces los medios de comunicación por el asesinato del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República Luis Donaldo Colosio.
El gobernó de la alternancia, Vicente Fox, hizo lo propio y detuvo al Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien fue acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y vínculos con el narcotráfico. Mientras que su sucesor, Felipe Calderón, estuvo más enfocado a atender la violencia que él mismo provocó tratando de capturar a los grandes capos de la delincuencia organizada, lo que llevó al país a una escalada de violencia que aun vivimos.
Una vez que regresó el PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, llevó a la cárcel a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, acusada de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La característica que han tenido los casos anteriores es que se trató de venganzas políticas, en buena medida para hacer creer a la opinión pública que el combate a la corrupción se estaba tomando en serio.
Por todos estos antecedentes, no sorprende que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, haya capturado al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusándolo de recibir sobornos por 5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, así como por la adquisición de dos empresas: Agro Nitrogrenados y Fertinal.
Desde el momento mismo de su llegada a México, extraditado desde España, causó sospecha que Lozoya fuera trasladado primeramente al reclusorio norte, para más tarde ser llevado a un hospital privado (aunque algunos medios señalaron que al llegar a México fue llevado directamente al hospital Ángeles del Pedregal) debido a un supuesto cuadro de anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago. Sin embargo, en todo momento se le dio un trato privilegiado pues a los quince días de haber llegado a México lo dieron de alta, y a la fecha no ha pisado la cárcel. Lejos de ello, se mantiene en alguna de sus lujosas casas adquiridas cuando era funcionario de alto rango luego que se le colocara un brazalete electrónico que permite vigilar sus movimientos. Incluso sus declaraciones las ha hecho desde la “comodidad de su hogar”.
A diferencia de los casos de sexenios anteriores, el de Lozoya cobra relevancia pues con las declaraciones que se han filtrado a la prensa, lo hasta ahora dicho por el ex director de Pemex, puede llegar a involucrar al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y al mismo ex presidente Enrique Peña Nieto. Desde luego, si eso llegase a pasar sería un triunfo para el lopezobradorismo que todos los días se jacta de ser distinto a los mandatarios anteriores. Pese a ello, el caso no abona para una mejor impartición de justicia en el país, toda vez que se usa con fines políticos, igual que los casos aquí relatados.
López Obrador ha comentado que no ha hablado con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y que son las autoridades competentes las que llevan el caso; sin embargo, es muy claro que todo está envuelto de un tinte político pues, aunque lo niegue, el presidente aplaudiría que se procese a un ex mandatario, eso explica, quizá, el trato preferencial a Lozoya.
El caso sigue vivo y aún hay mucha tela por cortar. Lo que es un hecho es que teniendo apellido y posición se pueden tener privilegios que otros presos no alcanzan por el simple hecho de carecer de los medios.
