El reto que enfrenta el equipo de transición del virtual gobierno de MORENA y de López Obrador exige conducir con efectividad un programa qué dé cumplimiento a las expectativas manejadas durante las previas campañas electorales y las demandas históricas emanadas de la sociedad civil.
El reto es titánico, si consideramos tan sólo el tema del Combate A La Corrupción y las Politicas Redistributivas, vistas como medios para reducir la inseguridad, criminalidad, impunidad, legalidad, desempleo, pobreza y desigualdad, tendríamos ya dos ejes de gobierno que requieren muchísimos esfuerzos coordinados. Será difícil lograr en un sexenio.
Y quiero acotarme tan solo al tema de la corrupción y la redistribución del ingreso teniendo en cuenta que las dinámicas políticas, económicas y administrativas del actual Régimen, sólo son un eslabón de los pasados 35 años. Los cuales, integran un bloque histórico de reformas estructurales ejecutadas por 6 administraciones, de forma gradual y como mecanismo de relojería.
Al observar la evolución normativa de las reformas administrativas, políticas y constitucionales, tenemos un marco de actuación del régimen que ha privilegiado precisamente el aislamiento de la gestión económica y financiera en manos de élites y grupos de interés muy poderosos.
Lo que también explica el grado de discrecionalidad, ruptura del Estado de Derecho y apropiación ilegítima de los recursos producidos por la nación. Este nicho opera impactando directamente en la redistribución del ingreso (ineficiente e injusta), que descapitalizó las políticas económicas regionales, de desarrollo social y los programas de asistenciales.
En este sentido el reto es difícilmente factible para una Administración sin contar con una base económica y social de apoyo. Ahora mismo, existe un caudal ingente de contrataciones suscritas bajo modalidades herméticas que imponen compromisos financieros que alcanzan las cuatro décadas o más prorrogables. Con inversiones de capital ya comprometidas y niveles de inversión amarrados a todo el conjunto de reformas. Tan solo revisar dichos contratos impone un elevado costo financiero que no garantiza lograr cambiar sus cláusulas en beneficio del interés público, pero sí perder millonarios recursos en las cortes internacionales.
Este mecanismo de relojería permite “”””armonizar la regulación económico-financiera””””, la expoliación de los recursos estratégicos y sus beneficios.
Además, un conjunto de actores en la base social también ha legitimado la corrupción, discrecionalidad y mecanismos inequitativos de apropiación de los bienes y el ingreso social. Lo que llamamos corrupción burocrática, de bolsillo y falta de valores cívicos.
Por ello, veo muy importante reflexionar en el tamaño titánico del reto del gobierno de Obrador y su coalición y hacer conciencia del papel que tenemos los ciudadanos como vigías, monitores y actores sociales y económicos del cambio profundo. Ser ciudadanos, cómplices o súbditos.
Es cuanto.